Medio: La Razón
Fecha de la publicación: martes 10 de diciembre de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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Al ingresar este martes a un desayuno ministerial con representantes de la Iglesia Evangélica en La Paz, la presidenta Jeanine Áñez anunció que de aprobarse el proyecto de Ley de Garantías Constitucionales en el Senado, remitirá dicho cuerpo legal a una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque considera que la norma es "inconstitucional".
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Ya lo había anticipado el lunes el ministro de la Presidencia, Yerko
Núñez, tras una reunión con periodistas de La Paz en la Casa Grande del
Pueblo, pero este martes la Jefe de Estado lo confirmó.
“La Ley de Garantías es inconstitucional, en todo caso lo que sabemos en este momento es que ha sido postergada, de todas maneras si es que llegar a aprobarse en la Cámara, que espero que no sea así porque es una demanda de todos los bolivianos, la enviaremos al Tribunal Constitucional”, sostuvo escuetamente la mandataria.
La norma que es impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que surgió del diálogo con los sectores afines a Evo Morales, genera malestar en el Gobierno y en algunos sectores de la población.
La madrugada del sábado la norma fue aprobada en sus estaciones en grande y en detalle en la Cámara de Diputados y luego enviada al Senado.
El conflicto político-social que estalló en el país a raíz de las anuladas elecciones presidenciales del 20 de octubre y la posterior renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre, se saldó con más de una treintena de fallecidos y varias decenas de heridos.
Por los hechos de vandalismo y violencia, varios militantes, dirigentes y exautoridades del MAS han sido aprehendidos, por lo que los legisladores de este partido consideran imperiosa la aprobación de este cuerpo legal, aclarando que no se trataría de un requerimiento que implique otorgar impunidad a quienes cometieron algún tipo de delito.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, anunció este lunes que organismos internacionales como la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y le Embajada de España serán veedores del tratamiento de esta norma. (10/12/2019)
