La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores presionará para debatirlo en la sesión de la Cámara Alta en las próximas horas.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que la aprobación de esa normativa es innecesaria, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga las garantías plenas a todos los ciudadanos del país.

“Consideramos que claramente no es constitucional, estamos analizando una consulta previa para que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar de manera inmediata. Esto será antes de que la Cámara de Senadores lo pueda tratar”, anunció la autoridad gubernamental.

Sin embargo, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, señaló que es necesario debatir lo más antes posible la norma ya que los dirigentes afines a ese partido están siendo perseguidos por parte del gobierno. Dijo que durante el ampliado de esa organización política que se realizó el fin de semana en la Coronilla-Cochabamba, fueron asediados por las fuerzas del orden.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados y los remitieron al Senado, la comisión de constitución de esa instancia debe revisarla y posteriormente pasarla al pleno, pero está en la tarea de realizar el proceso de selección de vocales al Órgano Electoral. Advirtió que se puede remitir a la comisión de justicia.

Los denominados interculturales, aliados de Evo Morales, dieron un plazo de 48 horas al Legislativo para que lo apruebe, esto fue ratificado en el ampliado nacional del MAS. En ese marco, Salvatierra manifestó que harán acatar la resolución que determinaron los sectores afines al partido azul.

VETO

La presidenta de transición, Jeanine Áñez, señaló que no promulgará esa norma porque es dejar en la impunidad a aquellos que participaron en los actos vandálicos que se generaron después de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre.

El numeral 10 del artículo 164 de la Constitución Política del Estado dispone que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa y remitida al Órgano Ejecutivo pueda ser observada por el Presidente del Estado en un plazo de 10 días.

El abogado constitucionalista, Marco Antonio Baldivieso, explicó que la presidenta de la Asamblea Legislativa, en este caso la presidenta de la Cámara de Senadores, puede promulgar la normativa y superara el veto del ejecutivo, tal como lo establece el numeral 11 de la carta magna.

“Si la Asamblea Legislativa considera fundadas las observaciones, modificará la ley conforme a estas y la devolverá al Ejecutivo. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por el Presidente de la Asamblea Legislativa. Las decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de sus miembros”, expresa el enunciado.

Cabe recordar que esta figura ya se presentó en el gobierno de Carlos Mesa. El 18 de mayo del 2005, el entonces presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez sancionó la Ley de Hidrocarburos dos horas después de que el presidente Carlos Mesa devolviera el documento al poder Legislativo.

TRATAMIENTO

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, indicó que aún no se definió la hora y fecha para el tratamiento de la norma en esa instancia legislativa, porque están revisando las notas que enviaron las familias de las víctimas en Senkata y Cochabamba. Pero Salvatierra señaló que presionarán para que la sesión del pleno se instale en las próximas horas y se agilice el tratamiento en la normativa.

Los activistas y el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) anunciaron movilizaciones en rechazo a la promulgación de esa norma, advierten que eso dejará en la impunidad los destrozos que se produjeron al ornato público y privado en la ciudad de La Paz, El Alto y otras regiones.

CONTENIDO

En cuanto a los líderes sociales, dirigentes sindicales y personas movilizadas se exige garantías para el “pleno ejercicio de los derechos y libertades”, y protección para ellos y sus familias a sola denuncia de sentirse amenazados.

La ley pide la “entrega inmediata” de salvoconductos a exautoridades, dirigentes y personas particulares que tengan asilo, además de “viabilizar su inmediata salida”.

Plantea, además, la indemnización para los familiares de las personas fallecidas, la disposición de servicios gratuitos para las personas heridas y la libertad de las personas detenidas que participaban en las movilizaciones después del 21 de octubre.