¿Cuál es el balance preliminar hasta ahora? El primer dato es que las iniciativas contra alcaldes de ciudades como Sucre, Cobija, Oruro y Yacuiba, entre otras, no lograron la adhesión del 30% del Padrón Electoral del municipio o tuvieron problemas en la presentación de libros; y fueron archivadas. Lo más probable es que ocurra lo mismo con las otras iniciativas en curso, en especial en ciudades capitales y departamentos. No parece viable, en solo 90 días, obtener tantas firmas ciudadanas.

El otro dato de balance tiene que ver con la inquietante ocurrencia de amenazas e incluso acciones de hecho, al menos una decena, contra promotores de revocatorias. Nos referimos a la quema de libros de adhesiones, anuncio de persecución y cárcel, chicotazos, puesta de pollera, insultos públicos, alerta de juicios, campañas de prohibición de firma de libros, en fin, amedrentamiento y descalificación de ciudadanos y colectivos. Sin bien no son la norma, estos hechos no pueden menospreciarse.

Además de expresar una tensión entre autoridades y promotores, o entre diferentes sectores, dichas acciones limitan el ejercicio de un derecho político reconocido en la Constitución. Y si bien el Tribunal Supremo Electoral manifestó su condena contra estos hechos, calificándolos de antidemocráticos, está en cuestión cómo se puede garantizar que los ciudadanos opten libremente, sin ser agredidos, por iniciativas de revocatoria de mandato. Más allá de los casos, hay aquí un déficit de cultura democrática.

¿Qué puede esperarse sobre el actual proceso de revocatoria en el país? Dados los antecedentes (en el anterior periodo constitucional no prosperó ninguna iniciativa), quizás estamos ante la evidencia de un nuevo derecho suspendido en su ejercicio. Así, lo que en principio fue concebido como un mecanismo democrático para superar situaciones de ingobernabilidad y de crisis de legitimidad, se está confirmando como una imposibilidad. Es necesario abrir el debate y alentar una necesaria reforma normativa.