De acuerdo a los documentos difundidos por este bufete en Twitter, la denuncia es sobre un “ataque generalizado, coordinado y organizado entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre”.

Los conflictos sociales se generaron a partir de denuncias de fraude electoral en las anuladas elecciones presidenciales del 20 de octubre. Según la Defensoría del Pueblo, las refriegas se saldaron con más de una treintena de fallecidos y decenas de heridos.

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La nota del 6 de diciembre precisa que el 30 de noviembre, se presentó la denuncia de un grupo de víctimas en contra de Morales ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, y solicitaron que se abra el caso.

En otro documento se mencionan como “coautores” al exvicepresidente Álvaro García y los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Defensa, Javier Zavaleta; y de Culturas, Wilma Alanoca.

Morales y sus colaboradores son acusados de “asesinatos selectivos con franco-tiradores, emboscadas, violaciones y agresiones sexuales, toma de rehenes, tortura física y psicológica, terrorismo de Estado, interrupción del acceso a los alimentos así como agua a ciertas ciudades”.

La recepción de las denuncias no implica que se haya abierto o que se abrirá una investigación, respondió la Fiscalía en una comunicación también publicada por Dorado.

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