EL DEBER accedió a este cuaderno y no figura la declaración que habría prestado Martínez y tampoco la orden de aprehensión en su contra. Este hecho, también fue refrendado por el abogado Andrés Zúñiga que defiende al exvocal Antonio Costas.
“No está en el cuaderno, ni siquiera el mandamiento de aprehensión pese a que la canciller (Karen Longaric) había hecho conocer públicamente que una de las personas que estaba en la embajada de México, estaba con mandamiento de captura. Ese mandamiento y esa declaración informativa que en su momento declaró el fiscal no se encuentra”, dijo el abogado.
El 28 de noviembre, el exfiscal Chávez, declaró que Martínez se presentó voluntariamente a la fiscalía y que luego de su declaración informativa y en vista de los elementos que aportó a la investigación se dejó sin efecto la orden de aprehensión.
Contratado
Según la declaración jurada de Martínez, publicada en el portal de la Contraloría General del Estado, este ingresó a trabajar al TSE el 8 de octubre de 2019, es decir 12 días antes de las anuladas elecciones. Ayer, en la audiencia de apelación se presentaron los exvocales Antonio Costas, Edgar González y María Eugenia Choque, esta última admitió que contrató a esta persona para orientar el trabajo informático.
“En el caso de Martínez se contrató, pero jamás se lo contrató para que haga barbaridades, personalmente desconozco de lo que haya hecho, desconozco”, insistió en referencia a Martínez.
El informe de la OEA ubica a Martínez como un “asesor que no era parte del TSE”, pero hasta el momento, todos lo señalan como el responsable de haber manipulado los datos.
Chávez nunca supo explicar por qué se buscaba a Martínez y al exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna.
Desde 2014
El exvicepresidente del TSE, Antonio Costas, declaró también que conoció del contrato de Martínez cuando se encontraba en misión electoral en República Dominicana y que por esto hizo una representación ante la presidenta del ente electoral.
“Porque se tenía antecedentes de que él (Sergio Martínez) había tenido dificultades con el anterior Tribunal Supremo Electoral supe que su contratación era imprudente, además no se justificaba para el área a la que se estaba contratando”, dijo.
EL DEBER intentó comunicarse con los exvocales de la anterior gestión del TSE, pero no respondieron sus teléfonos. Sin embargo, los propios funcionarios recordaron que Martínez llegó en julio de 2014 y estuvo contratado hasta septiembre del mismo año.
El cargo que desempeñó fue el de oficial de seguridad tecnológica en la unidad de infraestructura del departamento de informática del TSE. Dos exfuncionarios recordaron que tenía muchos problemas de cumplimiento de horario principalmente, aunque nadie recordaba cómo se vinculó o quién recomendó su contratación en esa oportunidad.
También recordaron que tuvo problemas por la adquisición de bienes para la unidad de la que era responsable y por eso fue procesado administrativamente.
Nadie lo recuerda como parte del equipo informático en las elecciones del 12 de octubre de 2014, los funcionarios consultados, recordaron que salió antes de los comicios.
Prófugo
Desde Sucre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa indicó que Martínez es buscado tras la activación del sello azul de la Interpol, debido a que se conoció que esta persona salió del país probablemente con rumbo a Perú.
“Tenemos el reporte de que esta persona ha abandonado el país por la frontera de Desaguadero rumbo a Perú, hemos enviado la notificación azul para tener certeza de la notificación de esta persona y posteriormente lograr su traslado a nuestro país”, señaló ayer la autoridad fiscal.
La fuga de esta persona provocó la aprehensión y detención preventiva de dos fiscales, Ronald Chávez y Mónica de la Riva. “Existiendo mandamientos de aprehensión contra esta persona, el fiscal asignado al caso, teniendo la presencia del sindicado en la Fiscalía, no procedió a cumplir con la orden de aprehensión que él mismo firmó horas antes”, remarcó Lanchipa.
El fiscal Edwin Enriquez, explicó ayer que pesan dos acusaciones distintas sobre los exfiscales involucrados en el caso. En contra de Chávez se tiene uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; mientras que a Mónica de la Riva se la acusó de uso indebido de influencias. El primero por ocultar toda la información y la segunda porque es su esposa y ayudó a su fuga.
“El doctor Chávez conjuntamente la comisión de fiscales decide emitir una resolución de aprehensión contra el ciudadano Martínez a la vez esa resolución gira con su orden de aprehensión, estaba vigente, se hace conocer de esta situación para que no salga del país”, recordó Enriquez.
Pero el 25 de noviembre Martínez presenta un memorial donde hace su presentación espontánea, Chávez decreta el mismo día, a las 9:00, que prestara su declaración informativa pese a que el acusado tenía orden de aprehensión. El fiscal asignado dijo que existen más elementos contra el exfiscal y que serán puestos a consideración del juez.
Nadie informó
Tanto María Eugenia Choque como Antonio Costas, dijeron que desconocen el tipo de trabajo que le tocaba realizar a Martínez. Costas deslindó responsabilidades y precisó que él objetó la contratación. “Él nunca ha sido mi asesor cada uno de los vocales tenemos asesores independientes, yo desconocía que él hubiera estado cumpliendo esa tarea”, relató y descartó la versión de que Martínez era su asesor personal.
Mientras que la expresidenta del ente electoral, dijo que todas las versiones que se difundieron son imaginarias. Remarcó que nunca antes el TSE había contratado una empresa auditora para hacer seguimiento del proceso, con el propósito de dar señales de transparencia, por eso se decidieron por Ethical Hacking.
La expresidenta, dijo que esta empresa nunca informó de las irregularidades que se estaban cometiendo cuando se descubrió el tercer servidor. “Me pregunto, por qué Ethical no nos advirtió de estas barbaridades. La empresa estaba viendo eso para eso fue contratada, para que tengamos una seguridad informática”, dijo.
Luego lanzó acusaciones contra Neotec (encargada del soporte técnico del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y dijo que era esta empresa la única que tenía acceso a todo el sistema informático y recordó que esta firma trabajó en procesos electorales anteriores.
La esposa
La exfiscal Mónica de la Riva, fue aprehendida porque es esposa de Martínez y abogó para que sea liberado. Pero ayer, el abogado defensor, Alejandro Nogales, afirmó que en la audiencia cautelar del domingo, la Fiscalía no pudo establecer de qué manera su cliente ayudó a la evasión de la justicia.
Explicó que ambas personas son cónyuges pero que desde 2017 no tienen ningún tipo de contacto entre ambos y que ella desconocía que Martínez tenía un proceso judicial por el caso TSE, pese a que su nombre fue público desde hace dos semanas.
Mientras, quedan pendientes varios actos judiciales que llevaba Ronald Chávez, como la apertura del sobre de seguridad que sacaron del Banco Central de Bolivia (BCB); las pericias de los teléfonos de los exvocales; las imágenes de las cámaras del ministerio de Justicia sobre las denuncias de cambio de actas en esas oficinas y que comprometen al exministro, Héctor Arce.
Ayer no se pudo realizar la audiencia de apelación de los vocales Antonio Costas, María Eugenia Choque y Edgar Gonzáles; porque Gonzales no fue trasladado desde Cochabamba donde guarda detención. Fue fijada para este viernes.
