“Creo que todo el problema se origina por ese audio  en el que Evo habla con un dirigente (Faustino Yucra) y le da instrucciones detalladas de cómo bloquear y de cómo dejar sin alimento a las ciudades. Algo que se constituye en un delito de lesa humanidad, eso es lo que está protegiendo el Movimiento Al Socialismo (MAS)”, afirmó el senador Óscar Ortiz, parte de la Comisión de Constitución.

Recordó que las leyes bolivianas estipulan que a un presidente se lo puede procesar, sólo en un juicio especial, por hechos cometidos en su mandato. Sin embargo,  “él (Morales), cuando dio las instrucciones, ya no era mandatario y debe ser juzgado como cualquier ciudadano, sin ninguna protección, y eso es lo que quieren impedir”, manifestó.

La senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Gómez, dijo que esta impunidad está camuflada en algunos artículos y que es ilógico sacar una ley que establece lo mismo que la CPE. “Es como decirle a la Constitución que se acuerde de garantizar o que se cumpla lo que ya está previsto que se cumpla”.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto. Aún no hay fecha para que se trate en el Senado. Según la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa, esta semana se va a priorizar el tema de las elecciones de los vocales electorales.

Según el artículo 10 del proyecto de la Ley de Garantías, las autoridades electas, dirigentes sindicales, sociales, cívicos, líderes sociales, actores políticos, entre otros, serán protegidos por el  Estado, Fiscalía, policías y militares. 

 “Las personas protegidas por la presente ley para el resguardo efectivo de los derechos que estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, integridad física, propiedad privada estén en peligro, a sola denuncia verbal o escrita ante las autoridades correspondientes, de manera inmediata podrán activar las acciones de protección necesarias, pertinentes y eficaces”, estipula.

Según el oficialismo, este es uno de los artículos que blinda a Morales porque es el dirigente de los cocaleros del Chapare.

Al respecto, Copa dijo que en ninguna parte se busca dar impunidad a alguien. Retó a que se le diga el artículo que establece el beneficio. “Nosotros no vamos a defender lo indefendible. Cada delito es personal y si la justicia cree que existen delitos contra cualquier otro dirigente, será ésta quien decida”, agregó.
 

Gobierno analiza enviar ley al TCP

Para evitar la impunidad y violaciones a las normas bolivianas, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez analiza enviar la  Ley de Garantías Constitucionales  al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),  informó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

“Nosotros estamos analizando la posibilidad de hacer una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.  Consideramos que este proyecto de ley no es necesario, todos los pedidos que han hecho las organizaciones sociales se han cumplido”, afirmó.

La semana pasada, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo que jurídicamente no corresponde una nueva norma. Núñez acotó ayer que no hay ninguna persecución política a dirigentes del MAS.

Según los asambleístas masistas, esta ley tiene por objeto garantizar los derechos de las personas movilizadas en los conflictos, suscitados a consecuencia del fraude en los comicios del 20 de octubre.