La ley, entre otras determinaciones, exige la "entrega inmediata" de salvoconductos a exautoridades, dirigentes y personas particulares que tengan asilo, además de "viabilizar su inmediata salida".  De acuerdo al legislador, Oscar Ortiz, esta norma sólo obedece a las instrucciones de Evo Morales y Álvaro García, que buscan una protección adicional porque saben la responsabilidad que tienen en "promover la violencia entre los bolivianos". 

"Estamos viendo la posibilidad de hacer una consulta previa de constitucionalidad al TCP. Consideramos que este proyecto de Ley no es necesario, no corresponde dar garantías cuando ya lo establece la Constitución y las leyes de nuestro país", aseveró Núñez.

Ante las declaraciones de Nuñez, la senadora Adriana Salvatierra, a través de su cuenta de Twitter,  "aconsejó" al ministro que lea el artículo 134 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional "que contradice sus deseos".

El artículo 134 señala que la "Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional, cuando se trate de proyectos de ley de iniciativa del Órgano Ejecutivo".

Inmediatamente la autoridad de Gobierno respondió que "Salvatierra no ha comprendido la supremacía de la Constitución Política del Estado".

De acuerdo a la aclaración, la CPE establece que "las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio".

La aprobación de esta norma fue parte de los pedidos expuestos en resolución de los sectores sociales del trópico, afines al MAS, como condición para un cuarto intermedio en las movilizaciones que se desataron a partir de la salida del poder del exmandatario Evo Morales.