Pasadas las 20:20 del 20 de octubre de 2019, las principales cadenas de televisión de Bolivia anunciaron que, de acuerdo al conteo rápido encargado a la empresa colombiana Viaciencia, Evo Morales y Carlos Mesa debían concurrir a una segunda vuelta en diciembre para dirimir la Presidencia del Estado. Unos minutos después, el Tribunal Supremo Electoral, por boca de su presidenta, María Eugenia Choque, ratificaba que el sistema de Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), al 83% del conteo, establecía que la segunda vuelta era un hecho.

Entonces, una llamada todavía misteriosa, pero casi con seguridad del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, ordenó a la vocal Lucy Cruz que detuviera el TREP. Se ponía en marcha así un “plan B”, destinado a burlar la voluntad del pueblo boliviano expresado en las urnas. Hasta ahora no sabemos con precisión el mecanismo específico ni la magnitud del fraude montado y ejecutado por el MAS para evitar la segunda vuelta, pero tenemos evidencia, gracias a la auditoría de la OEA y cientos de estudios independientes, de que la sustitución y volteo de actas, la alteración de los cómputos y la desvergonzada manipulación informática resultaron tan abusivos, y groseros, que no hubo manera de que pudieran ser escondidos.

 Durante los días posteriores, mientras el MAS realizaba denodados esfuerzos para convencer a la gente que aceptara el cómputo que llevaban adelante los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral, la ciudadanía, incrédula ante el atrevimiento masista, iniciaba lo que a la postre significaría la movilización ciudadana más vigorosa, valiente y generosa de la historia de la democracia moderna en Bolivia. Sobre todo, los jóvenes y las mujeres le mostraron al mundo entero la convicción democrática y libertaria del pueblo boliviano.

 La gente se lanzó a las calles a exigir la segunda vuelta y el respeto a su voto. Se realizaron cabildos, marchas, concentraciones y todo tipo de movilizaciones pacíficas, pero Evo Morales y sus acólitos, sordos y ciegos al clamor popular, persistieron en su demencial afán por imponer el fraude, forzando así a que, finalmente, el pueblo pida su renuncia, como única posibilidad para lograr el respeto al voto ciudadano. Así, el 12 de noviembre, Morales huía a México, dejando al país en una situación peligrosísima de violencia y vacío de poder. Felizmente, la democracia boliviana logró sobrevivir y generar una sucesión constitucional que pacificó al país y encamina a nuestra sociedad a elecciones libres y transparentes. Evo Morales y el MAS le robaron el voto al pueblo boliviano, que había decidido democráticamente la realización de una segunda vuelta para definir la Presidencia y la Vicepresidencia del Estado. ¿Porqué lo hizo? Obviamente, porque sus investigaciones propias y todas las mediciones independientes, pronosticaban una clara y amplia victoria de Carlos Mesa en esa segunda vuelta. Por lo tanto, no es exagerado afirmar que el fraude le robó a Carlos Mesa y a Gustavo Pedraza el triunfo que el pueblo boliviano les dio en las urnas.        Si hubiera lógica y justicia en la política, lo correcto hubiera sido que, descubierto y comprobado el fraude, se reconozca la victoria de los afectados, reparando así el daño causado por los fraudulentos. Pero no sucedió así y nos aprestamos a concurrir a nuevas elecciones para que sea el pueblo, sin duda alguna, quien decida sus gobernantes por los siguientes cinco años.

El 20 de octubre de 2019, las bolivianas y los bolivianos votaron mayoritariamente por dos opciones, y se aprestaba a consagrar, en una segunda vuelta, a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, como nuevos presidente y vicepresidente del Estado el 15 de diciembre. El MAS evitó este decurso natural de la voluntad ciudadana mediante un fraude escandaloso, pero estamos seguros de que en abril del próximo año la sabiduría popular sabrá reencauzar la historia, para beneficio de la democracia y del futuro del país.