Chávez fue recluido en el penal de San Pedro y De la Riva en el Centro  de Orientación Femenina de Obrajes, por determinación del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la zona Sur . Los fiscales son procesados por la presunta comisión de los delitos de  incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

    De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, el fiscal a cargo de la investigación, Edwin Enríquez, dijo que “en la audiencia la defensa de los cuestionados no pudo desvirtuar los riesgos procesales como la probabilidad de autoría, siendo que los hechos son demasiado evidentes como muestra el cuaderno de investigaciones”.

 Enríquez informó  que entre los riesgos procesales se argumentó que los dos fiscales pueden obstaculizar la investigación. Los mismos pueden influir negativamente en los testigos y suprimir o destruir algunos elementos para la indagación, siendo parte del Ministerio Público.

El sábado, Enríquez informó que el fiscal Chávez recibió la declaración informativa de Martínez en forma personal. El mismo que fue identificado como un “asesor” de los vocales del TSE que desde un servidor ajeno accedió a las bases de datos del TREP y al cómputo oficial.

Chávez habría omitido la orden de aprehensión en contra de Martínez tras concretar la  entrevista. El viernes  el director  nacional de Migración, Marcel Rivas, informó que el “asesor” salió del país al no tener ningún mandamiento para su detención.

En el caso de la fiscal Mónica de la Riva, el Ministerio Público reveló que ella es esposa de Martínez. Se sospecha que por ello actuó en beneficio del acusado.

 El director ejecutivo de la empresa auditora Ethikal Hacking, Álvaro Andrade, reveló el nombre y el lugar donde trabajaba el misterioso “asesor” el viernes. Sergio Martínez  era funcionario del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde ejercía el cargo de director de Informática y Cartografía Espacial.

Él fue uno de los  funcionarios asilado en la Embajada de México, de acuerdo con  la Cancillería del Estado. El 27 de noviembre, el fiscal Chávez dejó sin efecto una orden de aprehensión en su contra y la activó nuevamente luego de nueve días.  

El miércoles, la Organización de  Estados Americanos (OEA) presentó el  informe final de la auditoría a los comicios del 20 de octubre. El organismo internacional concluyó que hubo “manipulación dolosa” en los ámbitos de las actas y en el procesamiento de los resultados. Reveló que se introdujeron dos servidores no previstos (BO1 y BO20).