Se trata del fiscal Ronald Chávez, por el delito de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por no haber ejecutado la orden de aprehensión en contra de Martínez, y de Mónica de la Riva, por el delito de uso indebido de influencias.

Sobre esta última se estableció que era la esposa de Martínez, informó el fiscal Edwin Enríquez. “Ella, como servidora pública del Ministerio Público, tiene estricta relación (con su esposo) y contacto con Ronald Chávez”, añadió.

Álvaro Andrade, director de Ethical Hacking, empresa contratada por el TSE para auditar el proceso electoral, reveló ayer en una entrevista con la red Unitel que Martínez apareció en la última etapa de las elecciones y se convirtió “en una persona  que empezó a generar demasiado conflicto”, presionando para exigir información.

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Chávez formaba parte de la comisión de fiscales que se encargaba de investigar el caso de ‘fraude’ electoral. Fruto de esa investigación cinco de seis vocales del TSE ya se encuentran con detención preventiva.

“En una entrevista preliminar que ha tenido el suscrito fiscal, la doctora Mónica de la Riva ha manifestado su intención de cooperar para que su esposo retorne a territorio boliviano”, añadió Enríquez.

Sobre el paradero de Martínez, la Fiscalía desveló que puso en conocimiento de la Embajada de México en Bolivia la existencia del mandamiento de aprehensión en contra de Martínez, quien también hizo su solicitud de asilo.

Se conoce que el ahora buscado por la justicia se encuentra en Perú. Desde el Ministerio Público se activó su captura, que presuntamente fue omitida por De la Riva y Chávez desde el 6 de diciembre. (7/12/2019)