El mérito de aquellas reglamentaciones es que posibilitan salidas institucionales ante la emergencia de ciertas irregularidades en las elecciones. Lamentablemente, la legislación electoral de nuestro país, como muy pocas en América Latina, no admite la posibilidad de declarar nula una elección (Ley de Régimen Electoral, Artículo 190); probablemente, esto explique la emergencia del actual conflicto en torno a los resultados electorales; y quizás, la ausencia de tal normativa, revele y justifique la preferencia por salidas políticas antes que institucionales.

Al iniciar el conflicto, considerando los resultados finales anunciados por el Órgano Electoral, el oficialismo se proclamó ganador y exigió “respeto de su triunfo en las elecciones”; en cambio, la oposición política y social, enmarcada principalmente en el tercer criterio de anulación de las elecciones definido por Orozco, exigía “segunda vuelta electoral”; acompañaron ambos anuncios con concentraciones de festejo (entre oficialistas) y acciones de protesta (entre opositores). En aquel momento, probablemente, la salida política habría sido negociar el balotaje entre los dos candidatos más votados.

Ambas partes en conflicto se aferraron a sus posturas y las pugnas de marchas y contramarchas se agudizaron en los siguientes días. Después de una intensa confrontación en torno a los resultados electorales, puede advertirse que opositores y oficialistas modificaron sustancialmente las posibles salidas electorales: la oposición, que inicialmente demandaba “segunda vuelta electoral”, radicalizó esta exigencia y solicitó “nuevas elecciones y con otras autoridades electorales”; por su parte, el oficialismo, que empezó reclamando “respeto de su triunfo en las elecciones”, flexibilizó esta postura y sugirió que la OEA efectúe una “auditoría a las elecciones”, principalmente al cómputo electoral. En esta etapa, lo políticamente óptimo era negociar los términos de la auditoría (por ejemplo, integrar en la auditoría a otras entidades internacionales, a los partidos políticos, etc.) y, con seguridad, la tensión del conflicto se habría reducido.

La contienda electoral, lejos de hallar una solución, ha trepado un escalón más. Mientras el oficialismo avanza y avala la “auditoría” que lleva a cabo la OEA, la oposición no solo ha manifestado un rechazo absoluto a dicha labor (aún está en su memoria el estigma de ser la entidad que avaló la habilitación del binomio oficialista, sobre todo del secretario general Luis Almagro), sino que, en el cabildo del 2 de noviembre celebrado en la ciudad de Santa Cruz, exige la “renuncia del presidente Morales” (le otorgan un plazo de 48 horas).

La escalada del conflicto solo es posible cuando las decisiones no asumidas ayer, resultan obsoletas hoy. El desenlace del conflicto está abierto a muchas posibilidades y depende de muchos factores impredecibles. A continuación se intenta diseñar algunos escenarios políticos probables.

Escenario 1. En un extremo, si el ultimátum fijado a la demanda de “renuncia” es sustentado por acciones de protesta (protagonizado por cívicos, plataformas, universitarios, etc.) que obliguen a cumplir esa advertencia, es probable que haya dimisión del presidente Morales en el plazo fijado o en los siguientes días y, con seguridad, se anulará las elecciones y organizará un nuevo proceso electoral.

Escenario 2. En otro extremo, si Evo Morales no renuncia y tolera la presión social y, al mismo tiempo, la OEA emite un informe favorable a su candidatura, es posible advertir que, con el  apoyo de los “movimientos sociales” y, quizá, el respaldo de las Fuerzas Armadas, asuma el cargo de presidente (de la nueva gestión), sofocando toda forma de resistencia.

Entre ambos escenarios extremos puede identificarse uno intermedio.

Escenario 3. Suponiendo que el informe de la OEA, después de encontrar ciertas irregularidades en el proceso electoral, concluya con una recomendación de una segunda vuelta electoral, es probable que oficialismo y oposición, con mediación de instituciones internacionales o la iglesia, retornen a posturas precedentes, donde puedan negociar las condiciones del balotaje o acordar los términos para celebrar nuevas elecciones.

Este último escenario es el ideal, en todo caso la resolución pacífica del conflicto electoral exige que las partes involucradas flexibilicen sus posiciones. Sin duda, a fin de evitar conflictos de esta naturaleza, se debe considerar la necesidad de incluir el tema de nulidad de las elecciones en la Ley de Régimen Electoral.