“El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, advierte el organismo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Junto al mensaje publicó las tres hojas del decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre con la  firma de Áñez y de 11 de sus ministros de Estado.

El artículo 3 de la norma legal establece: “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".

El siguiente artículo refiere: “Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D.S. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos (…)”.

El artículo 11 del Código Penal hace, justamente referecia a que están exentos de responsabilidad por legítima defensa, Estado de necesidad y "ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber".

La CIDH alertó del riesgo que conlleva este tipo de normativas.

“La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno”, establece el organismo.

Un día después de la vigencia de la norma, acompañada de su gabinete en pleno y de los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, Ánez advirtió que su Gobierno asumirá medidas constitucionales para neutralizar las acciones desestabilizadoras que buscan tumbar su Gobierno con una operación - dijo- alentada por grupos subversivos "armados y delincuenciales".

En los violentos conflictos de Sacaba perdieron la vida el viernes seis cocaleros y este sábado otros tres que había resultado heridos en esos hechos. El representante de la Defensoría Nelson Cox dijo que perdieron la vida por impacto de bala.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró este sábado que los militares y policías no hicieron uso de su armamento de reglamento y llamó la atención porque dos de los muertos tienen impacto de bala por la nuca.

La Policía pidió a los militares intervenir luego que se declararan rebasadas por la ola de conflicto sociales.