El domingo por la noche, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en declaraciones al noticiero local Telenoche de Canal 4, había estimado que "sería muy apresurado que el gobierno tomara posición sobre este asunto específico, si hay o no un golpe de Estado" en Bolivia.

Sin embargo en el comunicado de la cancillería de este lunes, titulado "Golpe de Estado en Bolivia", el canciller denuncia un "quiebre del Estado de Derecho" que "sumió al país en el caos y la violencia".

"El Gobierno de Uruguay hace un urgente llamado a todos los actores bolivianos para que cesen los actos de violencia y para que el proceso electoral se encauce de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes", añade la nota.

El canciller Nin Novoa había dado cuenta el domingo de "intentos de solicitud de asilo" en la Embajada uruguaya en Bolivia por parte "de algunos dirigentes de (la ciudad de) Santa Cruz".

"Lo descartamos rápidamente", sostuvo el titular de la diplomacia uruguaya, quien además temió "que haya un vacío de poder que sea ocupado sin tener en cuenta la convocatoria a nuevas elecciones" hecha por Morales.

Morales renunció el domingo luego de que los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieran salir del poder ante la situación conflictiva en el país, que ha padecido una ola de protestas luego de que se denunciara un fraude en los comicios del 20 de octubre para favorecer la reelección del mandatario indígena.

La OEA, en una auditoría vinculante de la votación promovida por el propio Morales, señaló que las elecciones evidenciaron graves "irregularidades" y pidió nuevos comicios, que fueron convocados por el mandatario antes de renunciar.

"La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente", señaló la OEA en su reporte, que denuncia "irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas".

Por ello, decide "cuestionar la integridad de los resultados de la elección".

La oposición reprocha además al mandatario desconocer un referendo de 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un fallo en 2017 de un tribunal constitucional afín le permitió ser candidato.