1. Violencia. Condenamos la dramática escalada de violencia que se está viviendo, particularmente la forma que está tomando la participación de las fuerzas armadas y de seguridad en la esfera política en Bolivia. La violencia se inició antes de la renuncia de Evo Morales y continuó con la quema de casas tanto de partidarios/as y opositores a Morales, con el incendio de decenas de buses de la Alcaldía de La Paz, y con amedrentamientos en las calles que han sido minimizados. De acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, después de las elecciones y antes de los hechos del 15 de noviembre en Sacaba se contabilizaron 536 heridos, 12 muertos y 32 detenidos/as entre partidarios/as y opositores. El enfrentamiento del viernes 15 de noviembre en Sacaba, cuando se daba la movilización de los cocaleros a favor del retorno de Evo Morales, resultó en el trágico saldo de por lo menos 8 cocaleros muertos y decenas de heridos. La represión a las movilizaciones de las organizaciones sociales es inaceptable. Hemos entrado en una ola que va a ser muy difícil de contener.
2. Gobierno con escasa legitimidad. El gobierno actual y transitorio se conformó ante un vacío de poder con el fin de convocar a nuevas elecciones después de todas las irregularidades que se vivieron en el conteo de votos en las últimas elecciones, desatando movilizaciones en todo el país y diversos sectores expresaron sus descontentos. Lamentablemente, el nuevo gobierno está tomando decisiones y asumiendo posiciones que están originando mayores enfrentamientos. Por ejemplo, la aprobación del Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre de 2019, que exime a los militares de responsabilidades penales durante la represión. Demandamos a las autoridades a cargo tomar todas las medidas necesarias para preservar la vida y la seguridad de todos/as los/as ciudadanos/as, pero solicitamos también a los líderes de los principales partidos políticos y de organizaciones cívicas que ayuden a encaminarnos a un nuevo proceso electoral que determine la voluntad de todos/as. Recordamos a este gobierno que tiene un carácter transitorio y técnico, que no tiene mandato político para perseguir a ningún dirigente o ciudadano/a. 
3. Escenario de confrontación. El escenario de temor y confrontación permanente que se vivió sin pausa en La Paz y El Alto en las semanas pasadas, y que ahora parece extenderse a otras regiones del país, nos ha puesto en una situación de desconfianza hacia el otro. Se ha instalado un ambiente de guerra vaticinado por el exministro, Juan Ramón Quintana, antes de la renuncia de Evo Morales, cuando amenazó de que Bolivia podía convertirse en “un gran campo de batalla, un Vietnam moderno”. El estribillo de “Ahora sí, Guerra Civil” y la existencia sostenida de grupos anónimos que amenazaron durante varias noches consecutivas a diversos barrios de las ciudades de El Alto y La Paz, el incendio de casas y los saqueos contra figuras de ambos bandos y de la población, han instalado una ciudad con personas atrincheradas frente a bandos irreconciliables.  El gobierno actual está procediendo a tomar represalias y el número actual de presos antes de los hechos de Sacaba, era, en la ciudad de Cochabamba, de 141 personas sin que se tenga mayor información. El gobierno tiene la obligación de proteger a unos y otros y condenar cualquier grito o lema que llame a la violencia o la venganza.

Hay algunos acercamientos positivos: la solicitud de “perdón” público de parte de los policías así como la del propio comandante en el día de su posesión por haber mellado la wiphala; el acuerdo logrado entre el gobierno y el MAS en el parlamento para una mínima estabilidad; y la declaración de Evo Morales en México de nombrar un nuevo candidato del MAS para las nuevas elecciones. El respeto a los símbolos que representan a los pueblos indígenas y a cada uno/as de los/las ciudadanos/as, así como el rechazo a cualquier forma de discriminación, deben ocupar una parte central de los próximos pasos hacia las nuevas elecciones