Hoy, cuando están presos tres vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en la misma situación un número mayor, no precisado, de administrativos y vocales de los tribunales departamentales (TED), el seguimiento noticioso se vuelca sobre ellos porque se trata de identificar a quienes estuvieron comprometidos con el fraude. Con ello, se trata de reconstruir la red del engaño y encontrar los hilos que conducen a quienes, desde el Ejecutivo dieron las órdenes y supervisaron las operaciones para estafar al país entero, en todas las atapas de la elección. 

Ahora, es igual, o más importante, resolver la anormalidad monstruosa que origina la sentencia “constitucional” 0084-2017,  cuando el TCP declaró de hecho, inconstitucional  a la Constitución y la manipuló, a gusto de Morales Ayma-García, quienes por medio de su bancada plantearon un recurso que consiguió, entre otras cosas, anular el artículo que señala a la soberanía popular como fundamento del Estado y la democracia. Gracias a ello suprimieron los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, sin siquiera mencionarlo.

La operación militar, en el sentido del uso de la violencia, con que los parlamentarios del MAS y sus jefes del Ejecutivo forzaron esta sentencia a vocales -todos amenazados con juicios de responsabilidades por actos de extorsión y corrupción- nos ha dejado en una situación legal y constitucional completamente aberrante, en la que con toda tranquilidad, Morales Ayma, en el lugar donde ha fugado, vuelve a decir que la Constitución no ha sido modificada, pero que, igual, él y todos los otros funcionarios electos pueden presentarse indefinidamente a elecciones.

La sentencia 084 ha suspendido la vigencia de la Constitución y ha instituido al TCP como un ente que está por encima de ella y que puede reformarla, cuando, y como quiera, sin acudir al referendo popular, como lo exige y manda la Constitución.

Esa situación debe corregirse ahora mismo. No puede hacerse por decreto, como lo ha sugerido la Presidenta, ni por ley. Tienen que ser los propios vocales del TCP que reparen esta situación y para eso se necesita plantear un recurso de revisión, y enmienda, con el argumento básico y sustancial de que nadie puede estar por encima de la Constitución, menos que menos el TCP, que debería ser su fiel custodio y guardián. 

A esta demanda debemos suscribirnos todas las instituciones y los ciudadanos, y ciudadanas, dándole también oportunidad a los parlamentarios del MAS para que enmienden el haber planteado la ruta que recorrió el TCP.

Si en plazo perentorio -dada la gravedad de la situación que atravesamos-, los hoy titulares del TCP no atienden  y resuelven la monstruosa situación que han creado sus predecesores, están obligados a renunciar por no cumplir la CPE y conminatoria de la sociedad en su conjunto, puesto que todos nos hemos pronunciado por la vigencia y respeto irrestricto de la Constitución.

A los suplentes que ocupen los cargos de los renunciantes se les debe plantear esta única y esencial cuestión: la enmienda de la sentencia 084, por haber contrabandeado una reforma de varios artículos de la Constitución y no haberla sometido a la consulta mediante referendo.

Todos los tribunos titulares o suplentes que no resuelvan esta cuestión están obligados a renunciar automáticamente al no cumplir su juramento de respetar y velar por el cumplimiento de la Constitución. Si esto deja completamente vacante al TCP debe trasladarse la demanda a otro tribunal, porque todos, todos, los magistrados -igual que todos los funcionarios jerárquicos- del país hicieron en el momento de posesionarse exactamente el mismo juramento.

Hasta hoy han traicionado su juramento inicial. Es hora de que den cuenta de esta omisión. Y es hora de que el TCP, cargado y manejado por voluntades de canallas, deje de ser un arma que apunta a la sien de nuestra democracia y de su plena recuperación.

Ese es el comienzo cierto de la pacificación y el reencuentro. Es también el verdadero inicio para desenmascarar toda la impostura de los que, desde su cómodo y cálido autoexilio, están usando nuestros recursos para pagar el azuzamiento de la violencia y la confrontación.