Quienes dicen que se trató de un golpe de Estado aseguran que la “sugerencia” de las FFAA, en un comunicado leído por el excomandante en jefe Williams Kaliman, de que el expresidente Morales renunciara, es la prueba de ello. Se obvia que inicialmente Evo solicitó que las Fuerzas Armadas salieran a controlar -y reprimir, como lo hizo durante varios días la Policía- a los manifestantes que habían ido sumando su molestia y protesta desde que se conocieron las pruebas del fraude electoral. 

El Alto Mando, pese a su explícita cercanía con el Gobierno, no aceptó la solicitud presidencial, especialmente por el antecedente de 2003, cuando a pedido del entonces mandatario, Gonzalo Sánchez de Lozada, los militares salieron a reprimir y luego fueron juzgados y encarcelados. ¿Qué clase de golpe militar es aquel que no mueve un solo tanque a las calles y que luego de provocarlo sus organizadores no toman el poder y dejan al país dos días sin gobierno?

Otro argumento que se puede mencionar es que, antes de esa “sugerencia” de las FFAA, muchos funcionarios y legisladores masistas habían presentado su renuncia: el Gobierno sabía que no tenía ya oxígeno para seguir.

Sin embargo, hay una razón de fondo que derriba la argumentación del golpe de Estado: quien hizo un golpe de Estado o, si se quiere, una violación al Estado de Derecho fue el propio Evo Morales. Y varias veces. 

Primero, no debió haber postulado al tercer mandato porque ese mandato no es constitucional. Segundo, no debió desobedecer el voto popular expresado en el referendo de febrero de 2016. Tercero, no debió organizar un fraude para impedir una segunda vuelta. 

Cada uno de esos eventos puede  ser considerado  “golpes de Estado”, en el sentido más amplio de la palabra que es impedir que se cumplan la Constitución y la voluntad popular.

Ese malestar acumulado hizo eclosión el 21 de octubre pasado, cuando la ciudadanía constató que tras 24 horas de interrupción del TREP el margen de siete puntos había subido a un poco más de 10, es decir lo suficiente como para no ir a la segunda vuelta. Una vez podía la población aceptar que se robe el voto. Pero no dos.

En las tres semanas de protestas participaron millones de personas que salieron a las calles, decenas de miles participaron en bloqueos, los transportistas cerraron las carreteras fronterizas, los médicos estaban en paro... Hacia el final, sectores generalmente pro MAS, como la COB, facciones de mineros y campesinos le pidieron su renuncia.  Fue cuando empezó el motín policial. Desde ese momento, es decir el viernes previo a su renuncia, Morales no pudo  ingresar más a la denominada Casa Grande del Pueblo. Lo mismo sucedió con el vicepresidente Álvaro García Linera y virtualmente con todos los ministros, ya que cientos de personas rodeaban sus instalaciones. No hubo una bala de por medio, pero, ¿así pensaba Morales gobernar? ¿Sin poder llegar a su oficina?,  ¿sin la Policía bajo su mando?

Es incorrecta esa tesis que ignora lo que es una revuelta ciudadana pacífica: decir que estos eran grupos de extrema derecha, racistas y separatistas, es un extremo.

Es también inaceptable que quienes critican la salida de Morales y que ahora defienden los “derechos democráticos”, en su momento, desde  Buenos Aires, Ciudad de México, Washington o Londres, mantuvieron un vergonzoso silencio cuando Morales dijo que les “había hecho trampa” a los opositores, lo que lo condujo a forzar un tercer mandato ilegal. Tampoco se pronunciaron cuando robó el voto de los bolivianos en el referendo. Ni mencionan el fraude organizado en esta elección.

Qué impotencia tener que explicarlo una y otra vez; y qué astucia aprovechar el capital de un pueblo que sí creyó en Evo Morales para victimizarse sin mirar ni de reojo los errores que la megalomanía ocasionó.