El gigantesco fraude electoral revelado por el peritaje de 30 expertos enviados por la OEA (a pedido del propio gobierno de Evo Morales) dejó a Bolivia durante 25 días en una situación de zozobra. La testarudez y cinismo de Morales al no aceptar que obtuvo mayoría parlamentaria y presidencial en las elecciones del 20 de octubre mediante la manipulación manual de miles de actas y del sistema informático de transmisión de datos provocó reacciones de indignación en la población.

Al día siguiente, la ciudadanía salió a las calles para defender el voto de forma pacífica, luego de enterarse de que el sistema de transmisión de datos había sido manipulado. Algunos grupos, enardecidos por el engaño, actuaron de manera violenta contra los tribunales departamentales, pero, en términos generales, la población se manifestó pacíficamente portando banderas bolivianas, antes que banderas partidarias.

Las denuncias de ingenieros bolivianos, sobre la base de la evidencia tomada de las propias actas presentadas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en su página web, se complementaron con los testimonios de las dos empresas contratadas por el mismo OEP (Ethical Hacking y NeoTec) en sentido de que se cometieron irregularidades en el proceso electoral. El informe preliminar de los técnicos de la OEA vino a confirmarlo: las elecciones estuvieron “viciadas de nulidad”. 

Evo Morales se vio acorralado y sacó a las calles y a las carreteras a grupos de choque del MAS y grupos pagados (según testimonios de los propios agresores), quienes  atacaron a la población civil, instituciones, supermercados, casas de dirigentes cívicos, periodistas y opositores, y luego –cuando la Policía se negó a enfrentarse a la ciudadanía– quemaron en todo el país edificios enteros de la Policía Nacional, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP). La Policía se acuarteló (o huyó) antes que responder a la violencia.

Bandas de maleantes afiliados al MAS quemaron 64 buses municipales PumaKatari en La Paz y aterrorizaron a la población en las noches, alentados por el propio Evo Morales, quien en sus discursos y tuits llamaba a defender el “proceso de cambio”. Pero al renunciar poco después dijo que lo hacía para “pacificar” el país, sin mencionar ni una sola vez el informe de la OEA y el fraude electoral, pero inventando un “golpe” inexistente, ya que los militares solamente salieron a resguardar la seguridad ciudadana la noche del 11 de noviembre, a pedido de la Policía nacional. Esa noche el autócrata decidió partir a México. Nadie lo exilió ni expulsó. Hasta entonces no hubo un solo militar en las calles.  La mejor prueba de que no hubo “golpe” es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), puesto por Morales, confirmó la legalidad de la sucesión presidencial, y que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha retomado sus funciones con mayoría del MAS, que ha copado las cabezas de ambas cámaras. Veremos si ellos facilitan el camino a elecciones transparentes o lo obstruyen. 

A los bolivianos nos toca ahora levantarnos de las cenizas que dejó Evo Morales luego de 14 años de régimen autoritario. Para hacerlo, el gobierno de transición tiene que tomar medidas tan inmediatas como difíciles de implementar. A mi juicio esas medidas urgentes incluyen:

 

1. Poner en funcionamiento las instituciones públicas y normalizar las operaciones del Estado, reemplazando a funcionarios políticos, pero no técnicos, y evitando el sabotaje interno.

2. Difundir ampliamente el informe final de la auditoría electoral de la OEA, que debe tomar en cuenta los insumos de ingenieros de sistemas bolivianos, del Conade, la UMSA, etc. 

3. Restablecer el funcionamiento de los medios de información del Estado y privados, con garantías de libertad de expresión, a diferencia de lo que sucedió con el MAS. 

4. Sustituir a los principales embajadores (OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, Brasil, Argentina y otros) y enviar misiones de “notables” que recorran América Latina y Europa para explicar a la comunidad internacional la verdad sobre el fraude electoral y la inexistencia de un “golpe”. 

5. Presupuesto extraordinario para los Tribunales Electorales Departamentales, la Policía, y algunas alcaldías (La Paz y El Alto, entre otras), y la reconstrucción inmediata de estas instituciones avasalladas y destruidas, para garantizar su funcionamiento normal. 

6. Restablecimiento del sistema de salud, educativo, transporte, financiero y otros servicios afectados en todo el país por los ataques de grupos de choque y los sabotajes internos. 

7. Control policial y militar de poblaciones conflictivas (Challapata, Yapacaní, San Matías y otras), conocidas por sus actividades delictivas de narcotráfico y contrabando. 

8. Reactivar una justicia eficiente y apegada a las leyes, que procese a quienes son responsables, en todos los niveles, de la situación de caos que ha vivido el país. 

Nada de esto será fácil, y sólo será posible con la unidad de todas las fuerzas civiles y políticas, dejando a un lado los intereses personales y regionales. Y obviando también críticas y exigencias mezquinas en momentos en que el único objetivo de todos debería ser llegar sin conflicto a elecciones transparentes en 2020