Hoy, a casi 14 años de ese acontecimiento, el mundo vuelve a fijar su mirada en Bolivia. Pero ahora con una visión dividida sobre el mismo personaje: unos admiten su renuncia al cargo presidencial, por el fraude electoral del pasado 20 de octubre, y otros tratan de seguir la narrativa construida del “golpe”, que no ocurrió.

Más allá de esta disyuntiva, hay otra que –planteada en la conferencia de prensa de Evo el pasado 24 de octubre- puede contribuir a entender la crisis en Bolivia: ¿por qué el expresidente habría perdido la mayoría electoral en los últimos comicios, a diferencia de los anteriores?

Al respecto, cabe recordar que la llegada de Morales a la presidencia se produjo por la demanda colectiva para atender tres temas fundamentales: la distribución económica equitativa de los ingresos nacionales (particularmente de los recursos naturales); la deuda pendiente con los pueblos indígenas; la necesidad de armar un proyecto nacional democrático y plural. 

  Sobre el primer punto, ciertamente el país mejoró sus indicadores económicos. Sin embargo, como expresaron varios analistas, se mantuvo una política extractivista de recursos naturales y, en consecuencia, una dependencia de los precios internacionales de las materias primas y de empresas extranjeras con capacidad técnica.

Esto se ejemplifica en uno de los detonadores más importantes en la crisis política para Evo: el acuerdo para la explotación del litio, en el departamento de Potosí, con las empresas ACI Systems (de Alemania) y Xinjiang Tbea Group-Baocheng (de China). Una asociación cuestionada -desde octubre pasado- por el Comité Cívico de esa región, encabezada por  Marco Pumari, por las capacidades técnicas de la contraparte germana y la demanda de mayores regalías para el territorio sudoccidental boliviano.  

La distribución económica equitativa estaba en duda, más aún con antecedentes de corrupción que empañaron la gestión de Morales (Fondo Indígena, CAMC, Banco Unión, por nombrar algunos) y las ostentosas e innecesarias inversiones (como la “Casa del Pueblo” o el museo de culto a Evo, con un costo aproximado de 32 y siete millones de dólares, respectivamente). Evo se alejaba del austero y justo presidente que pretendió ser inicialmente, como también lo hizo de su supuesta empatía con los pueblos indígenas. 

El hito que marca esta distancia ocurre en agosto de 2011, cuando su gobierno decide reprimir una marcha de originarios de tierras bajas, que demandaban el respeto a su condición de “Territorio Indígena” y “Parque Nacional” Isiboro Sécure (TIPNIS) frente al proyecto de una carretera promovida por el oficialismo.

No fue el único capítulo. El más reciente, que influyó en la decisión de muchos electores bolivianos, fue el masivo incendio forestal en el departamento de Santa Cruz, producto de la Ley 741 (de 2015) y el Decreto Supremo 3973 (de 2019). Afectó particularmente a los pueblos guaraní y ayoreo, también originarios, al dejar su ecosistema en cenizas, y a la ciudadanía cruceña, al ver su emblemática “Chiquitania” consumida. 

Para conocedores de la realidad boliviana, Santa Cruz cobró protagonismo en las disputas por la autonomía, entre 2007 y 2008. Por ello, fue tan importante la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional en 2009, un proyecto democrático y plural para articular Bolivia. 

Pero esta carta magna se vio vulnerada en repetidas ocasiones, la más significativa ocurrió con el artículo 168, que sólo permite la elección continua de presidente y vicepresidente por dos periodos continuos. En 2014, ocurrió la primera vulneración. En 2016, no se respetó el voto que negó su modificación. Para 2019, Evo era candidato por cuarta vez, sin entender que la ciudadanía boliviana rechaza el autoritarismo. 

Así, Evo perdió a la mayoría porque se perdió en el poder que el pueblo le otorgó. Es posible que nunca se devele por cuánto exactamente. Las irregularidades de los últimos comicios no respetaron ni el voto a su partido, el Movimiento Al Socialismo. Pero queda clara la coincidencia entre las demandas de 2006 y las que se expresaron en las últimas semanas en Bolivia: las de un país equitativo, inclusivo, plural y democrático. Ojalá los nuevos líderes puedan recordarlo.