La decisión del TCP se ampara en la jurisprudencia constitucional contenida en la declaración constitucional 003/01 de 31 de julio de 2001. Dicha sentencia establece que "frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia".

"Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169.1 de la CPE tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”,

Por lo tanto, Áñez está amparada en el artículo 169 de la CPE y asumió la Presidencia del Estado de forma transitoria y llamará a elecciones en un plazo de 90 días