Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 06 de diciembre de 2019
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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"El silencio" oficial sobre los responsables de las más de 30 víctimas mortales que deja la violencia vivida en Bolivia, muchas por disparos, preocupa a la sociedad y a organizaciones de derechos humanos ante la falta de informes sobre el avance de las investigaciones.
Contenido
Bolivia recupera poco a poco su normalidad en el ámbito político, pero
ahora el reclamo desde dentro y fuera del país se concentra en las
víctimas de la violencia desde las fallidas elecciones del 20 de
octubre.
Una sola fuente
La Defensoría del Pueblo ha sido la única institución que ha difundido
públicamente un listado de víctimas, con al menos 35 muertos y 832
heridos.
La Fiscalía General del Estado hasta ahora solo ha difundido un informe
preliminar sobre calibres de los proyectiles, que en su mayoría no son
armamento reglamentario de policías ni de militares, o no está probado
que los disparan ellos.
El pasado 22 de noviembre el Instituto de Investigaciones Forenses
(Idif) informó de que se encontraron proyectiles de varios calibres en
cuerpos de fallecidos y heridos en los operativos militares y
policiales.
El calibre hallado es de 5, 56, 9, 22 y 38 milímetros, mientras que el reglamentario del Ejército es de 7,62 milímetros.
El Gobierno interino mantiene que no hubo muertes de civiles por
disparos de fuerzas de seguridad y las atribuye a grupos subversivos,
que en su opinión intentan dar una imagen de abusos por parte del
Ejecutivo interino de Jeanine Áñez.
Efe trató en varias ocasiones consultar a las distintas fuentes del
Gobierno y de la Fiscalía sobre el avance de los peritajes y de las
investigaciones, sin lograr alguna información.
Por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB), su abogada Lizzeth Limache declaró a Efe que "es
urgente" que el Gobierno interino comience a dar informes y así
"cotejar" con los datos que ha recogido esta entidad.
Por ejemplo, cuenta que tras entrevistar a testigos y víctimas directas
de hechos violentos en la ciudad de El Alto, "muchas personas fueron
obligadas, otras estaban por convicción y otras porque preciso estaban
en ese lugar" y su presencia no tenía que ver con las manifestaciones.
Limache destaca que sí se ha podido corroborar que con "el Gobierno
interino se ha respetado el derecho de los detenidos a comunicarse con
sus familiares" y a contar con un "debido proceso", derechos que a su
juicio no se cumplían con el Ejecutivo de Evo Morales.
La violencia
Desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, Bolivia quedó
sumida en uno de sus conflictos más graves de su reciente historia.
Opositores, movimientos civiles y ciudadanos se movilizaron para
denunciar un fraude a favor de Morales por parte del órgano electoral en
el recuento de los votos.
Luego el 10 de noviembre Evo Morales anunció su renuncia, denunciando un
golpe de Estado para derrocarlo, y al día siguiente viajó a México en
calidad de asilado, lo que dejó a Bolivia con un vacío de poder por 48
horas y el país en completo caos.
Áñez, que era senadora de la oposición, activó el 12 de noviembre el
proceso sucesorio para asumir como presidenta transitoria hasta unas
nuevas elecciones.
Los dos primeros decesos de esta crisis se produjeron el 30 de octubre
en la ciudad oriental de Montero, en enfrentamientos entre partidarios y
detractores de Morales.
En la ciudad de Sacaba, el 15 de noviembre hubo diez fallecidos en un
operativo militar y policial para evitar el paso de una marcha de
cocaleros afines a Morales.
El 19 de noviembre en El Alto en un operativo de fuerzas del orden ante
una refinería hubo otros diez civiles muertos por disparos.
Las misiones
Ante el pedido de varias de las víctimas, de sectores de la sociedad
como sindicalistas e indígenas, y con el aval del Gobierno interino,
llegó hace un par de semanas a Bolivia una misión del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La misión reveló este pasado jueves en un informe preliminar que desde
el estallido de las protestas se registraron hechos de violencia que
"podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos", como los
de Sacaba y El Alto.
El organismo de la ONU reiteró el llamado a las autoridades transitorias
a que se investigue la violencia de manera rápida, transparente e
imparcial.
En días recientes, José Miguel Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch, expresó su preocupación por "las medidas adoptadas
por las autoridades bolivianas, que parecen priorizar la represión
brutal de opositores y críticos y otorgan a las fuerzas armadas un
cheque en blanco para cometer abusos".
Vivanco hacía referencia al decreto, derogado el 28 de noviembre, que
otorgaba inmunidad penal a militares y policías en su actuar, siempre
que fuera en defensa propia y con proporcionalidad.
Hace 25 días Morales dejó la Presidencia y hace 23 ejerce funciones el
Gobierno interino, mientras los bolivianos piden paz, unidad y saber la
verdad de los hechos.
