El proyecto normativo generó polémica porque en un principio plateaba específicamente garantías para Evo Morales y Álvaro García Linera. A pesar de que el texto fue modificado y el MAS sostiene que su intención es preservar los derechos de legisladores y dirigentes sociales, sus detractores mantienen el rechazo bajo el argumento de que no se puede dar inmunidad a nadie y que no es necesaria una ley para ratificar garantías que ya están consagradas en la Constitución.

La sesión inició después de las 16:00 del jueves. La aprobación en grande del proyecto de ley, tras votación nominal, se dio minutos después de las 03:00 del viernes y, posteriormente, cerca a las 05:30 se terminó la aprobación en detalle con algunas modificaciones menores. Es decir, los diputados sesionaron unas 13 horas, entre largos discursos de quienes apoyaban o rechazaban la norma.

La norma ahora pasa al Senado para ser sancionada.

Antes de la sesión, el Gobierno transitorio ya anunció su intención de aplicar el veto a la Ley propuesta por el MAS. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que ya no había necesidad de esa norma, porque ya se han viabilizado temas que eran parte del proyecto de ley, como la indemnización para familias de fallecidos.

Núñez dijo que en la Constitución ya están dispuestas las garantías para todos los bolivianos, pero no se pueden tapar actos irregulares que hayan existido.

El Ministro anunció que la presidenta Jeanine Añez vetará la Ley de Garantías. De acuerdo con la Carta Magna, la mandataria, tras recibir una ley aprobada, tiene 10 días para devolverla a la Asamblea con observaciones. El parlamento, a su vez, puede modificar la ley en base a los argumentos de la presidenta o puede declarar infundadas las observaciones. En ese segundo caso, la Presidencia de la Asamblea promulga la ley.

Entre otros aspectos de la norma, se plantea que se libere a los detenidos que se estaban manifestando de forma pacífica, el respeto a la libertad de expresión y que la difusión de imágenes de las movilizaciones y represión no sean considerada hecho ilícito. Además, se ratifica que para procesar a presidentes, vicepresidentes y magistrados se garantice el cumplimiento de la ley de juicio de responsabilidades.

También se dispone que de manera urgente se tramite los salvoconductos para personas que cuentan con asilo.