Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 06 de diciembre de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El MAS aprobó esta madrugada la Ley de Garantías para dirigentes que protagonizaron movilizaciones después de las elecciones generales del 20 de octubre que fueron anuladas después de que se confirmó el fraude electoral.
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El partido de Evo Morales usó sus dos tercios en la Cámara Baja para aprobar la ley que evitará que los "líderes sociales", "dirigentes sindicales, de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos" que generaron violencia como saqueos en las ciudades, cercos a ciudades, bloqueos y otras protestas sean detenidos y perseguidos judicialmente.
La diputada de Demócratas, Rose Marie Sandóval, anunció que su partido presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley pese a que la presidenta Jeanine Añez anunció que vetará la ley o no la promulgará porque va en contra de la Constitución Política del Estado.
La ley en cuestión también busca "modular" el juicio de responsabilidades en contra de altas autoridades, en este caso Evo Morales ahora asilado en México. El artículo 7 de la ley señala que se "regula la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra el Presidente/a, Vicepresidente/a y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, Magistratura (...)”.
Morales ordenó el cerco a las ciudades para que no pase comida ni carburantes como una venganza porque en éstas se iniciaron las protestas ciudadanas que derivaron en su renuncia.
La Paz y El Alto fueron las ciudades más afectadas por el cerco y saqueos de parte de sus seguidores por lo que correspondería un juicio de responsabilidades por delitos vinculados con el genocidio.
Los leales al expresidente Morales también participaron en ataques armados en Montero (Santa Cruz) y Challapata (Oruro).
Consciente de la ilegalidad de la Ley de Garantías, Aniceto Arce, diputado del MAS, dijo que seguramente se someterán a juicios por aprobar la norma. “Nunca nos vamos a arrodillar, es mejor morir, pero morir de pie”.
La diputada Sandóval explicó que la Carta Magna no prevé la impunidad como derecho político sobre todo cuando se cometen delitos por lo que esta norma es contraria a la Constitución y corresponde un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.
