De acuerdo con las autoridades electorales, los procesos son diferenciado según las regiones y no se iniciaron de manera simultánea. Incluso hay regiones en las que ya se están entregando los libros, por lo que los tribunales electorales departamentales (TED) se encuentran en el proceso de revisión.

La primera resolución aprobada fue para activar el revocatorio del alcalde Erlin Hurtado del municipio de Bolpebra (Pando), y los solicitantes contaban con 90 días para recolectar 372 firmas, es decir el 30 por ciento del padrón electoral de este municipio. Superada esta etapa, se pasa a la revisión de rúbricas y huellas dactilares, para lo que los TED cuentan con 60 días.

Por lo establecido y el avance de las solicitudes, la información concreta de cuántas autoridades irán a revocatorio se conocerá en junio.

Cochabamba

En Cochabamba ya vencen algunos plazos. El más próximo, es el 30 de abril, fecha en que se deben entregar los libros del proceso contra la alcaldesa de Sipe Sipe, María Muñoz. El último es el 29 de mayo y corresponde al alcalde de Tolata, Walter Vargas.

Ayer, la diputada suplente Cira Castro presentaba una denuncia contra su titular Víctor Gutiérrez por haber amenazado a quienes firmen los libros para su revocatorio.

Por su parte, uno de los miembros de la agrupación ciudadana Cambiemos al Alcalde Leyes, Pablo Peñafiel, afirmó que continuará recolectando firmas, a pesar del robo y quema de libros y denuncias de amenazas contra miembros de la agrupación.

Peñafiel precisó que de los 1.500 libros que se desplegaron en diferentes puntos de Cochabamba, 400 fueron robados, comprados o quemados por sectores afines a Leyes. Cada libro tiene capacidad para recolectar 100 firmas, pero aún se desconoce la cantidad de adhesiones logradas.

Mientras tanto, el impulsor del proceso individual por el revocatorio de Gutiérrez, Jhonny Piedra, informó que pausó la recolección de firmas en el punto fijo instalado en la puertas del TED y se trasladará hacia el distrito 13 de Cochabamba para buscar el apoyo de “ciudadanos de a pie”. Hasta la fecha, según sus cálculos, llenó cinco libros y prepara dos más.

En otro municipio, Quillacollo, Gerson Escalera, que busca la revocatoria del alcalde Eduardo Mérida, calculó que se llenaron 143 libros, que equivalen a cerca de 15 mil firmas, la mitad de lo que se necesita para avanzar en el proceso de revocatorio.

PERSISTEN DOS CASOS CONTRA DIPUTADOS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 10 solicitudes para la revocatoria de diputados, pero a la fecha sólo dos continúan en carrera.

Ambas corresponden al departamento de Cochabamba, puesto que en Santa Cruz los impulsores desistieron de revocar a sus legisladores.

Las dos solicitudes corresponden contra Víctor Gutiérrez y Sandra Cartagena, electos por las circunscripciones 20 y 21, respectivamente.

PROCESO

Un derecho soberano. De acuerdo con la Ley 026 de Régimen Electoral, “la revocatoria de mandato es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano”.

El proceso tiene excepciones. “Se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto a autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”, estipula la norma en su artículo 25.

DOS DENUNCIAS CONTRA EL DIPUTADO GUTIÉRREZ

El diputado Víctor Gutiérrez (UD) fue denunciado ayer ante la Fiscalía de Cochabamba por los delitos de coacción electoral y amenazas, a dos semanas de haberse hecho públicas las declaraciones del legislador de que iniciaría juicio a las personas que firmen los libros para promover el revocatorio de su mandato.

Las denuncias fueron presentados por su propia diputada suplente, Cira Castro, y el promotor del proceso de revocatorio, Jhonny Piedra.

“Hay muchas personas que están atemorizadas por las amenazas que él había vertido a la población”, afirmó Castro.

Mientras tanto, Piedra dijo que se sintió indignado por las declaraciones públicas de Gutiérrez .

El delito de coacción tiene una sanción de tres años de presidio y la suspensión del cargo, señaló Castro, citando a la Ley Electoral.