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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 05 de diciembre de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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El informe final de la auditoría establece que hubo una paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83,76% de las actas verificadas y divulgadas, de un 89,34% de actas que ya habían sido transmitidas y estaban en el sistema TREP.
“El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas
que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas”,
se indica.
Vladimir Peña, vocero de la agrupación política Demócratas, indicó que
ante esta situación el expresidente Morales, los miembros del Órgano
Electoral Plurinacional (OEP) y otros protagonistas del fraude deben ser
procesados como autores de las 25 irregularidades encontradas.
“Ahora que se ratificó el fraude, Evo Morales no puede quedar impune
luego de intentar amañar las elecciones para seguir en el poder. Con el
informe se cae la teoría de un golpe de Estado que se dijo a la
comunidad internacional”, sostuvo Peña.
El expresidente y excandidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, opinó que el informe final de la OEA "confirma el fraude electoral más escandaloso en la era democrática en Bolivia, propiciado por un Presidente que violó todos los principios de la democracia y la Constitución. Esta infamia nunca más puede permitirse, y los culpables deben ser sancionados". La presidenta Jeanine Añez calificó de "pavorosos" los resultados de la auditoría. "Los hallazgos encontrados por la OEA son pavorosos (...). ¿Cómo es posible que un gobierno que se jactaba de escuchar al pueblo, en realidad lo que hacía era burlarse de él? Con este informe no me queda duda que el gobierno anterior ha orquestado un crimen de dimensiones escandalosas", sentenció.
El líder cívico de Potosí, Marco Pumari, indicó que ante la confirmación del fraude electoral se deben tomar las medidas judiciales contra los autores y el partido político MAS que propició esta conducta antidemocrática. Planteó que se debe anular la personería jurídica del MAS-IPSP



