"A partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas", señala el resumen ejecutivo del informe final de la auditoría denominada "Análisis de Integridad Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia".

El 20 de octubre más de 7 millones de bolivianos asistieron a las urnas y de acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, logró 47,08%, 10% por encima del segundo aspirante, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), lo que no permitiría ir a una segunda vuelta.

Sin embargo, las irregularidades comenzaron con la inexplicable paralización del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) que dio un informe preliminar que establecía una segunda vuelta entre los dos partidos más votados.

Días después de las elecciones fueron apareciendo otras evidencias como la manipulación de actas en el cómputo final, traslado irregular de actas, entre otros, que derivó en una protesta pacífica, pero contundente de diferentes sectores de la sociedad boliviana que se volcó a las calles a exigir una auditoría integral a los resultados de los comicios y en rechazo a lo que ya se presumía como un "fraude".

Ante ese panorama el expresidente Evo Morales convocó a la OEA para que realice una auditoría integral que determine la realidad del cómputo final, empero, el exmandatario insistió en que no había fraude.

El pasado 10 de noviembre, la OEA emitió un informe preliminar de la auditoría integral a las elecciones nacionales de Bolivia y recomendó convocar a nuevos comicios con la conformación de un renovado Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras evidenciarse una serie de irregularidades en la administración del proceso electoral.

Ese mismo día y frente a ese documento Morales presentó su dimisión al cargo.

El informe presentado hoy por el equipo auditor OEA presentado durante esta jornada es contundente e inequívoco y sus conclusiones establecen que:

El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.

Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral.

Debe tenerse en cuenta que este ha sido un ejercicio de auditoría acotado, tanto en el tiempo del que se dispuso como en relación con los componentes del proceso que fueron analizados. Excede a este informe lo ocurrido en la etapa pre electoral y los hallazgos de la Misión de Observación de la OEA respecto a la inequidad de la contienda y el accionar del TSE en la fase anterior a los comicios.

No obstante, los hallazgos son contundentes. El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias8 y comunicaciones con información que se recibieron. Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría.

El margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas. A continuación, se presenta la evidencia incontrastable de un proceso electoral minado de graves irregularidades, y del accionar de un tribunal que atentó contra la transparencia e integridad de los comicios. Es sobre la base de esta evidencia que se reitera la imposibilidad de validar los resultados de la elección de octubre.

La presidenta Jeanine Áñez que asumió el mando del país por sucesión constitucional el 12 de noviembre, aseguró mediante su cuenta en Twitter que ese informe corrobora "las razones por las cuales hemos tenido que dejar sin efecto las mismas, y convocar nuevas elecciones".

Lea aquí el informe de la OEA: http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/