El informe fue difundido inicialmente por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y posteriormente por distintas autoridades políticos nacionales. La presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Añez, dijo que con esta publicación se "comprueba(n) las razones por las cuales hemos tenido que dejar sin efecto las elecciones generales del 20 de octubre y convocar nuevas elecciones".

Además de la información que había sido revelada anteriormente, principalmente en el informe de la empresa auditora Ethical Hacking, que supervisó las tareas de la proveedora local Neotec, las conclusiones de la auditoría de la OEA mencionan a "un individuo presentado como asesor de los vocales" (de los que queda excluido Antonio Costas), quien no formaba parte de la planta laboral del TSE ni de ninguna de las empresas que participó del proceso. Asimismo, el equipo de auditores denunció que se les dio información falsa sobre el uso de una "máquina Linux AMI virtual" y que se intentó ocultar la existencia de un servidor. A través de estos se habrían realizado procedimientos "a solicitud de los vocales" y el supuesto asesor.Por otra parte, los auditores también revelaron que personal de Neotec, cuyo director actualmente se encontraría en Rusía, accedió a servidores y base de datos pese a la "solicitud expresa" de que no lo hicieran a partir del inicio del proceso de supervisión.

En su primer apartado, los expertos de la OEA también detectaron irregularidades en el llenado de actas y la acción "intencional y sistemática" de una persona para manipular resultados electorales. Sin embargo, el informe también cuestiona la quema de actas y listas de electores durante las protestas en contra del Gobierno de Morales, ya que estos hechos no permiten "contrastar la información consignada en las actas de escrutinio y cómputo