La designación de Salvador Romero como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue un acierto impecable de la presidenta Jeanine Áñez porque es una prenda de garantía de que las elecciones generales serán transparentes y confiables.

La flamante autoridad, quien también fungió como vocal de la extinta Corte Departamental Electoral (CDE) y la Corte Nacional Electoral (CNE) entre 2004 y 2008, cuenta con una amplia experiencia en la organización de procesos electorales, tanto en el país como en el exterior.

Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde obtuvo la licenciatura (Diplôme, 1993), la maestría (Diplôme d’Études Approfondies, 1994) y el doctorado en sociología política (2002). Fue director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

La designación es una fuerte señal ante la ciudadanía de que el Gobierno de transición tiene el firme propósito de conformar un entidad con los mejores hombres y mujeres de este país, que cuentan con sobrados méritos académicos, libros publicados y son conocedores de las dos normas que rigen la materia: la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley de Régimen Electoral.

Romero, junto a seis vocales que serán designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, organizarán las elecciones generales en las que se elegirán al presidente, vicepresidente y, además, a otras 350 autoridades del Órgano Legislativo, entre ellas a 36 senadores, 130 diputados y nueve representantes supraestatales. La Constitución Política del Estado (CPE) manifiesta que estas autoridades serán elegidas para un mandato de cinco años, en este caso, para el período 2020-2025.

Poco después, las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional deben administrar la elección de autoridades subnacionales para la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales. También serán elegidos para el mismo quinquenio.

En tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional publicó ayer la convocatoria para el proceso de selección y elección de los restantes seis vocales del Tribunal Supremo Electoral, cuyas  postulaciones deben presentarse hasta el 9 de diciembre.

Podrán presentarse los ciudadanos que cumplan con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Electoral, que señala, entre algunos requisitos, que se debe garantizar la equivalencia de género y la plurinacionalidad.

El artículo 234 de la CPE indica que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución, estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.

Los postulantes deben tener título profesional con una antigüedad no menor a cinco años, no tener militancia y no haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política.

El artículo 207 de la Carta Magna señala que para ser designada vocal del Tribunal Supremo Electoral se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, haber cumplido 30 años al momento de su designación y tener formación académica.

Los bolivianos esperan que los legisladores elijan a los mejores hombres y mujeres que se presenten en la convocatoria, para devolverle credibilidad a una institución como el OEP y que no se escamotee la voluntad de los votantes que acuden a las urnas para elegir a sus autoridades