Entre 2017 y 2019 hubo 14 elecciones presidenciales en América Latina, descontando la de Bolivia que deberá repetirse en menos de cinco meses. Si a ello sumamos los relevos presidenciales en Cuba y Perú, los cambios en la región han sido enormes, tanto nacional como supranacionalmente. Sin embargo, si solo analizamos lo ocurrido en las últimas semanas parecería que el subcontinente no solo se ha vuelto más convulso sino también más ingobernable. De ahí la pregunta sobre la posible relación entre los resultados de este intenso ciclo electoral con la conflictividad política y las protestas populares.

En algunos casos la respuesta podría ser afirmativa, aunque en otros, como Argentina y Uruguay, la proximidad de los comicios y la inminente alternancia han alejado los pronósticos más agoreros y apagado algunos conatos de incendio.

Más allá de las múltiples y variadas circunstancias nacionales, este ciclo electoral ha dado paso a una América Latina más fragmentada y heterogénea, donde resulta complicado alcanzar consensos básicos tanto en la agenda regional como en la internacional.

Simultáneamente han desaparecido aquellas instancias supranacionales que en un pasado no muy remoto colaboraron a desactivar algunas crisis regionales o nacionales, como la boliviana de 2008, en cuya resolución Unasur fue decisiva.

Al comenzar 2017, antes de que Lenín Moreno fuera electo presidente de Ecuador, y cuando todavía actuaba bajo el manto protector de Rafael Correa, se insistía en las serias opciones de que se concretara un giro a la derecha en América Latina. Incluso, por aquellas fechas, un exministro de Exteriores europeo afirmaba que se produciría una especie de póquer liberal, en realidad cinco de cinco, con triunfos de candidatos prodemocracia y promercado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Lo finalmente ocurrido dista bastante de lo esperado, con algunos resultados desconcertantes y otros muy apretados. Un balance provisional de las 14 elecciones deja un saldo equilibrado con ocho gobiernos de un lado del espectro político y seis del otro: un gobierno de extrema derecha (Brasil), cuatro de derecha (Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay), tres de centroderecha (Chile, El Salvador y Uruguay), dos de centroizquierda (Costa Rica y Panamá, a los que se podría agregar Ecuador, tras la ruptura entre Moreno y Correa), dos de izquierda (Argentina y México) y un populista bolivariano (Venezuela).

Es obvio que la frontera entre grupos es muy tenue, al igual que la posibilidad de calificar de izquierda a gobiernos claramente populistas, poco respetuosos de los derechos humanos y desafectos de los valores democráticos y republicanos.

Lo que ha primado en prácticamente todos los países ha sido el voto bronca (también voto del cabreo, de la rabia o de rechazo), respaldado en las expectativas frustradas de los emergentes sectores medios que han visto frenado su ascenso, en la creciente desafección con la democracia, en una mayor y más preocupante percepción de la corrupción y también en el mal desempeño económico de buena parte de los países de la región. Este voto bronca ha tenido un fuerte componente antioficialista.

De hecho, frente a lo que venía ocurriendo en el período anterior, solo en tres países hubo reelecciones consecutivas: Bolivia, Honduras y Venezuela. Los tres estuvieron rodeados de escándalos y acusaciones de fraude. En algunos casos, el descontento popular ha permitido acabar con gobiernos, bien de partido o bien de personas, que se venían prolongando desde hace más de una década, como ocurrió en Bolivia y Uruguay, e inclusive Ecuador.

No solo eso. El voto bronca también ha llevado a elegir parlamentos sumamente fragmentados, salvo contadas excepciones, como México, donde López Obrador cuenta con claras mayorías en ambas cámaras.

En Uruguay, la coalición que apoyó a Lacalle Pou también articuló una alianza parlamentaria, pero partiendo de una división previa. De manera que allí donde existen parlamentos fragmentados la gobernabilidad es más complicada, incluyendo la negociación entre contrarios, percibidos más como enemigos que como adversarios políticos.

A esto se suma la emergencia de las iglesias evangélicas con sus agendas valóricas, que tienden a polarizar aún más las actuales coyunturas. Esto ha complicado, por no decir que ha hecho imposible, el impulso a las grandes reformas estructurales, tan necesarias para responder satisfactoriamente a muchas de las demandas populares actuales.

El año próximo será un período más tranquilo desde una perspectiva electoral, aunque no haya que descartar nuevos conflictos y movilizaciones. Solo elegirán nuevos presidentes Bolivia y República Dominicana. También habrá elecciones parlamentarias en Perú y municipales en Brasil, que sin duda tendrán un gran impacto nacional y condicionarán las posteriores elecciones presidenciales. El precedente de los comicios locales y regionales colombianos habla de su posible impacto a escala nacional.

El voto latinoamericano ha contado y seguirá contando a la hora de elegir autoridades y de revalidar los sistemas democráticos vigentes en los últimos 40 años. La alternancia ha sido la tónica dominante, mucho más presente que las reelecciones propias del período anterior.

Pese a todo, esto no implica que el populismo haya desaparecido de un continente capaz de diseñar algunas de sus notas más características. Hoy está presente en casos muy diversos, a veces contrapuestos, como Brasil y México.

Sin embargo, los desafíos del momento son enormes y es responsabilidad de las élites, las políticas pero también las económicas, las sociales y las culturales, saber estar a la altura de los mayúsculos retos actuales.

No se trata solo de crear sociedades más justas. Tampoco de conducirlas exitosamente a través de la revolución tecnológica. Su responsabilidad es mayor y por eso en el momento actual las élites latinoamericanas deben hacer todo esto en un clima de inclusión y de reforzamiento de la democracia y de los partidos políticos.