Fue difícil, pero el país camina en el largo proceso de normalizar sus actividades. Hay paz aunque aún existen focos de conflicto. Los mercados están abastecidos y el precio de los artículos de la canasta familiar también volvió a su costo real.

La convocatoria para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y las departamentales seleccionen a los miembros del Órgano Electoral está, y en ese acápite resta que los asambleístas den señales ciertas de que habrá respeto por los postulantes; lo que incentivará a los ciudadanos de a pie a servir a la patria. La presidente Jeanine Añez cumplió, e hizo su parte, antes del plazo que se le dio por ley.

El gobierno constitucional de Añez ha desarrollado una actividad intensa con respuestas adecuadas a los momentos, a las circunstancias, e hizo lo que tenía que hacer ante los conflictos diseñados desde México. Supo manejar las contradicciones internas con lo que su gobierno está consolidado. Para algunos, con eso es suficiente y solo debería administrar el proceso en curso. Algo que no basta y, en el marco de su legalidad y legitimidad conquistada con lo realizado, podría dejar un legado mayor.

En el ámbito de las relaciones internacionales y el proceso electoral, la designación de cónsules es urgente, porque deben administrar los negocios del Estado y –por supuesto– garantizar el voto de nuestros compatriotas en el extranjero. Los del régimen de Morales no dan garantías de transparencia.

El ministerio de Comunicación tiene que ser entendido como tal y no de propaganda. Es importante que trabaje en un proyecto de ley de acceso a la información que permita a los bolivianos disponer de los datos que precisamos, sin estar sometidos al capricho de un servidor público. Y, si se puede, presentarlo a la ALP sería un objetivo pacificador más.

En el mismo rubro, es impostergable democratizar los medios masivos del Estado. En el régimen pasado Bolivia TV y las radios estatales, fueron instrumentos de propaganda del partido de gobierno. Eso no puede seguir, por tanto es una contribución a la democracia plantear una ley para que la elección de los directores sea en la instancia legislativa, con los dos tercios de sus miembros. 

También se debe trabajar en una norma que obligue a los candidatos a la presidencia a asistir a debates públicos, que permitan al elector conocer los programas de gobierno. No queremos más esas frases como “solo debato con los movimientos sociales” o con miembros de mi cofradía.

En el área económica, es urgente que se devele la burocracia estatal. El incremento de ella nos roba recursos para salud, para educación, y por tanto es una tarea obligada y asumible. Habrá voces que denuncien una masacre blanca, pero ¿acaso no es un crimen económico destinar dinero público para comprar lealtades? Redimensionar el aparato del Estado, reducir la burocracia, es algo que la “generación de la pitita” agradecerá en una coyuntura marcada por el déficit.

En educación, la autoridad del sector debe ir más allá del diálogo con los maestros y sus reclamos. Debe contribuir a potenciar la formación del sector básico como universitario. En el caso de las universidades privadas es urgente que se comprometan con el país. Formar psicólogos, ingenieros comerciales, abogados, profesionales de todas aquellas áreas que solo requieren pizarra y tiza, no es bueno para el país. Tienen que ingresar al área de la tecnología.

En el caso de las universidades públicas, hay que incentivarlas para readecuarse. ¿Y la autonomía? dirán. Hay que respetarla, pero la autonomía es con nuestros impuestos. No conozco un rector, un docente o miembro de los consejos universitarios que dé el 50% de su salario para que lo administren sus hijos, sin embargo bajo el paraguas del cogobierno docente estudiantil dan a los estudiantes el 50% del poder de decisión sobre nuestros impuestos.

Hay que potenciar a las universidades públicas para que vuelvan a ser referentes y reconquistar el espacio perdido, que formen más ingenieros, más innovadores. Que faciliten la titulación, que de gratuita no tiene nada.