Los tres pasos en lo electoral están en marcha:

1) Revisar las REGLAS para garantizar un rayado de cancha que sea igual para todos. 2) Designar ÁRBITROS cuyas decisiones sean respetadas por ganadores y perdedores. 3) Completar un PROCESO ELECTORAL impecable y entregar el gobierno al ganador.

La presidenta Áñez está dando estos tres pasos con encomiable rapidez. No depende de ella si se los completa en los cortísimos plazos previstos en la Ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio. Ese es el tema de este artículo.

Los otros dos pasos son materia del artículo siguiente. Nuestro inconcluso sistema político viene tropezando en ellos hace casi 200 años. Más temprano que tarde tendremos que aprender a

4) Transformar EL CARÁCTER Y LA CONDUCTA DE LOS ACTORES que juegan su suerte (y la nuestra) dentro del sistema político y del sistema electoral, es decir los candidatos, los jefes políticos, los militantes de los partidos y nosotros mismos como electores. 5) Mejorar la CULTURA POLÍTICA que condiciona para bien o para mal todo este esfuerzo.

Por ahora veamos los tiempos de los ajustes al sistema electoral.

La presidenta Áñez designó prontamente a Salvador Romero como el vocal que el Poder Ejecutivo debe nombrar a nivel nacional. También está nombrando rápidamente un vocal electoral por departamento como le toca por ley.

Los otros 6 nombramientos nacionales están a cargo de la Asamblea Plurinacional. Los otros 4 nombramientos por departamento están a cargo de las Asambleas Departamentales. Son 42 nombramientos que pueden recaer sobre operadores políticos.

Para evitarlo hay que convencer a la mayoría del MAS en la Asamblea Nacional y las Asambleas Departamentales que acepte designaciones de consenso. Puede ser que los tiempos previstos en el reglamento no sean suficientes para lograrlo.

Una vez constituida la Sala Plena a nivel nacional así como las respectivas salas plenas a nivel departamental, los vocales tienen que ponerse de acuerdo para elegir su presidente.

Los que saben algo de elecciones saben que el nombramiento de Salvador Romero es una garantía de imparcialidad y eficiencia. Queda por ver si una mayoría de los vocales a nivel nacional lo elegirán presidente como corresponde.

Una vez que encuentren sus oficinas, los vocales nacionales y departamentales tienen que ponerse de acuerdo para ratificar o cambiar a todo el personal administrativo de los organismos electorales a nivel nacional y departamental. No se lo puede hacer a las apuradas.

Por otra parte una correcta depuración del padrón electoral puede tomar medio año de trabajo de un equipo de especialistas. Se lo puede hacer al mismo tiempo que los vocales dirigen las demás tareas, tales como la aprobación y registro de candidatos y alianzas.

Además los vocales que no saben una lengua nativa tienen que encontrar tiempo durante sus dos primeros meses de gestión para aprenderla.

Cuando la Sala Plena a nivelnacional prepare el calendario electoral, les quedará claro que el apuro puede dañar el proceso electoral. La Asamblea Plurinacional debería darles más tiempo, a pesar de las opiniones de la gente que piensa que el tiempo que les dieron es excesivo.

Una importante reforma al sistema electoral que no les quitará tiempo a los vocales ocupados de administrar el proceso electoral, es la creación de un Alto Tribunal de Justicia Electoral independiente de la función administrativa de las elecciones y separado en su origen.

La superposición de la administración y la justicia electoral empieza en el artículo 3 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, el cual dispone que la administración electoral está a cargo de Tribunales, Juzgados, Jurados y Notarios. No está claro si estos magistrados acusan, juzgan y sancionan faltas y delitos propios que cometen como administradores electorales.

La función de la justicia electoral y la función de la administración electoral deberían ser los dos principales cimientos del sistema político y de la paz social. Estas dos funciones deben separarse y jerarquizarse al mismo nivel bajo un solo Poder Electoral.

Este es un tema que la Asamblea Legislativa Plurinacional puede resolver en pocas sesiones si existe la voluntad política para hacerlo. Con esta acción se coronarían los ajustes al sistema electora