Luego de dos días de la quema de su casa, el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, presentó hoy (ayer) su dimisión "irrevocable" del cargo con el fin de velar la seguridad de su familia, preservar sus vidas y la paz social.

"Como es de su conocimiento y el pueblo de Oruro es testigo del atentado criminal a mi domicilio, por lo que entiendo que mi vida está en peligro", resalta en la carta enviada por Vásquez al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, Edson Oczachoque.

El sábado en la noche, la casa del exgobernador fue quemada por un grupo de personas debido a que presuntamente él habría organizado la emboscada a una caravana de buses, en Vila Vila y Challapata, que transportaba a mineros cooperativistas potosinos, maestros y estudiantes.

Roberto Aguilar también renunció a su cargo de Ministro de Educación. La exautoridad afirmó que asumió la decisión debido al "golpe de Estado" perpetrado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales.

En tanto, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Eulogio Condori, también decidió su alejamiento del cargo ante los sucesos acaecidos en el país y siguiendo la línea de Morales de que se sigan produciendo más actos de violencia e injusticia en contra de los bolivianos.

De la misma forma, Elmar Callejas anunció su dimisión al cargo de diputado del MAS y de Presidente de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca.

A ellos se sumó el alcalde de Riberalta del MAS, Omar Núñez, quien presentó su "renuncia irrevocable debido a los lamentables acontecimientos ocurridos en el ámbito político y social y para contribuir al retorno de la paz social".

Asimismo, el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos del Prado, presentó su carta de dimisión al Honorable Consejo Universitario (HCU). Meses antes, la autoridad expresó su "apoyo personal" a la candidatura de Morales.

Dichas dimisiones se suman a las otras 40 de autoridades gubernamentales del oficialismo, registradas hasta el domingo, tras 19 días de paro cívico en demanda de la defensa del voto y la democracia debido al fraude electoral organizado por ese frente en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

El domingo, el equipo de auditores enviado a Bolivia por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la auditoría de la votación de los comicios detectó manipulación informática en el recuento, por lo que anunció que no puede avalar los resultados del proceso eleccionario y recomendó nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales.