El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Idelfonso Mamani fue aprehendido ayer por orden de la Fiscalía, luego de presentar su declaración informativa por el caso del fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. Mientras que el abogado de Antonio Costas, Andrés Zúñiga, reveló que su defendido ratificó su inocencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 “El exvocal Idelfonso Mamani nos dio bastantes datos que tenemos que analizar. Nos indicó qué es lo que sucedió el 20 de octubre. Nos dio datos que nos van a servir para la investigación”, afirmó el fiscal asignado al caso, Ronald Chávez. La autoridad indicó que la declaración extensa de Mamani  se analizará junto con  una comisión de fiscales. El exvocal  llegó ayer al Ministerio Público de La Paz aproximadamente a las  7:45. Después de revisar el cuaderno de investigaciones del caso junto con  su abogado,  prestó su declaración  cerca de las 11:00. Minutos después del mediodía salió  a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), enmanillado y sin emitir ninguna palabra ante la prensa. 

Mamani es acusado de falsificación y uso de instrumento falsificado, resoluciones contrarias a la ley y delitos electorales, en relación con el fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre.  El viernes, su declaración quedó suspendida  porque él se presentó en la Fiscalía fuera del horario laboral. 

Por este caso, los exvocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz y Édgar González  tienen detención preventiva en diferentes penales. La comisión de la Fiscalía, luego de analizar su declaración extensa,  determinará si pedirá detención preventiva contra Mamani u otro tipo de medida.   

 Chávez señaló que sobre  la exvocal Lidia Iriarte se logró establecer que está   en Cochabamba y que se espera obtener su declaración en los próximos días.

Por otra parte,   Andrés Zúñiga,  abogado del exvicepresidente del TSE, Antonio Costas, reveló que la tarde del 23 de noviembre  la CIDH visitó a su defendido en el penal de San Pedro.

“Costas fue visitado por la CIDH. Él refuerza su declaración informativa, hace conocer la forma cómo lo aprehendieron, hace conocer que él no cometió estos delitos (que le atribuyen) a la CIDH. La comisión  asume un interés a la protección de sus derechos humanos como privado de libertad”, indicó Zúñiga. 

El jurista enfatizó que Costas fue uno de los exvocales que no habilitó la candidatura de Evo Morales, y  que junto con  Dunia Sandóval envió una petición de medidas cautelares a la CIDH el 25 de noviembre de 2018, para que se garantice su trabajo sin presiones. 
   En la oportunidad, ambos  denunciaron que incluso Orlando Ceballos, exmagistrado del Tribunal Constitucional,  advirtió que los vocales podrían ser procesados si no respetaban la sentencia 084/2017 sobre la reelección.

Zúñiga dijo que Costas ni siquiera validó las elecciones con su firma,  porque antes renunció, manifestando su desacuerdo con la paralización del  TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).  

El abogado del exvocal indicó que se espera que la CIDH  valore, evalúe y determine algún pronunciamiento al respecto.

Testigos declaran que Choque visitó el BCB

El fiscal Samuel Lima, quien investiga los movimientos inusuales de dinero en el Banco Central de Bolivia (BCB), informó ayer que testigos declararon que la expresidenta del TSE, María Eugenia Choque, ingresó a esas instalaciones  y anunció que se citará al presidente del ente emisor, Pablo Ramos, para que preste declaración.

“Hemos citado a cinco funcionarios del BCB, entre esos  Vivian Fernández, hermana de la esposa del exvicepresidente, Álvaro García Linera, de los cuales, tres declararon que el día que se investiga, la señora Choque ingresó con un vehículo del TSE”, dijo a los periodistas.

Explicó que esos cinco funcionarios fueron convocados el viernes cuando se llevó a cabo el registro de las bóvedas del BCB.

Aseguró que la investigación se realiza bajo el principio de la objetividad para llegar a la verdad histórica de lo sucedido el 25 de octubre, en especial de todas las operaciones sospechosas que se realizaron después de las elecciones generales. (ABI)