Medio: Opinión
Fecha de la publicación: sábado 30 de noviembre de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Servicios
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Con el paso del tiempo, los bienes no son lo único que les interesa robar a los antisociales, ahora son atraídos por las identidades de las personas. Se trata de una acción ilícita que ya no se considera “sorpresa” debido a los múltiples casos detectados de suplantación de identidad al sacar el carnet, en el país. Con ese documento pueden hacer trámites en nombre de otros, transacciones económicas e incluso hay quienes contraen deudas.
“El SEGIP cuenta con los equipos tecnológicos del registro decadactilar en todas las oficinas y eso nos ayuda a “agarrarlos” porque el sistema nos permite detectar las variaciones. Es un sistema único y enlazado a la base de datos de la ciudad de La Paz. Ya no es posible una duplicidad o multiplicidad”, dijo.
Michel manifestó que tras identificar un caso de posible suplantación de identidad, la persona es remitida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a espera de la imputación formal y la notificación para una audiencia cautelar.
Sin embargo, lamentó que los casos no concluyan en una sentencia que dicte cárcel. “El juez desestima la prisión y salen con medidas sustitutivas con sentencia ejecutoriada”.
DENUNCIA Lizeth Beramendi, asambleísta departamental y Tony Torrejón, exresponsable de la regional del SEGIP en Quillacollo denunciaron ayer presuntas irregularidades en esa institución.
Demandaron la entrega de cédulas de identidad duplicadas, trato “preferencial” con escuelas de conducción, compra de bienes antes de la firma del contrato y despidos injustificados.
Al respecto, Michel rechazó las acusaciones y pidió pruebas que sostengan las acusaciones. Apuntó que Torrejón, exfuncionario, fue procesado en la vía administrativa y penal por un manejo inadecuado de las cédulas de identidad. Explicó que identificaron la pérdida de valorados e incluso la quema.
En tanto, Torrejón dijo que descubrió varias irregularidades en el SEGIP y que “al no adecuarse a las ilegalidades fue perseguido desde 2018”.