En un país incendiado por el miedo, el rencor, la revancha y otras expresiones después de la renuncia de Evo Morales, hablar de un acercamiento entre las fuerzas parlamentarias del MAS y la entonces oposición parecía imposible.

En plena convulsión aún, el MAS apenas podía recuperarse del impacto y de la forma en que dejó el poder su máximo líder. Y el tradicional grupo opositor, largamente relegado por la aplanadora masista en el Legislativo, desconfiaba de cada paso de su proverbial adversario.

Esto sin mencionar la persecución y deseo de rendición de cuentas que se sentían en el aire y las expresiones –algunas muy violentas– de acoso a dirigentes y asambleístas del MAS.

¿Cómo, entonces, pretender arribar a los acuerdos necesarios para llevar a cabo las tareas que se esperaban del Gobierno transitorio?,   ¿cómo no dar la razón a la desconfianza instalada entre los adeptos al MAS que veían que, de la mañana a la noche sus dirigentes desaparecían y cundía el caos?

Fue necesario mucho más que voluntad para ir acercando a las partes, para ir demostrándoles que sin la participación conjunta, la única solución sería el desastre, que Bolivia merece que sus parlamentarios estén a la altura de las circunstancias como nunca antes.

En este proceso la presencia e intervención de dos entidades y sus mediadores fue esencial:  la Conferencia Episcopal, con sus obispos Monseñor Aurelio Pesoa y Monseñor Eugenio Scarpellini, y la Unión Europea, con su embajador León de la Torre Krais.

Estos actores, quienes gozan de la confianza de las partes por su imparcialidad, pudieron contribuir para que tanto las exautoridades y representantes del MAS como el nuevo gobierno, pudieran sentarse a la mesa y encontrar una agenda común que permitió luego el acuerdo que hemos celebrado los bolivianos: un impensable consenso para anular las elecciones, convocar a nuevas elecciones y, ahora, elegir un nuevo Tribunal Electoral.