En un primer momento, los diputados y senadores del MAS siguieron las órdenes que Morales les daba desde su exilio, y claramente entraron en una estrategia de boicot a la posibilidad de llamar a elecciones y, menos aún, de reconocer la presidencia de Añez.

Luego vino la expresión más dura de la violencia, unos días en que no se vislumbraban soluciones. Pero ante la intervención de mediadores de la Iglesia y la Unión Europea, y la tenacidad de la ciudadanía que no se arredró ante la escalada violenta, algunos dirigentes de ese partido, entre quienes hay que destacar a la senadora Eva Copa, empezaron a tener posturas más razonables.

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, a nombre del Gobierno, se mostró conciliador, quitando los visos de estridencia persecutoria que había demostrado su colega, Arturo Murillo, ministro de Gobierno.

Uno de los principales escollos para el acercamiento era el miedo de los asambleístas del MAS de ser perseguidos, y de parte del actual Gobierno era importante no ceder al pedido de inmunidad para Evo Morales y García Linera;  por eso, cuando se dieron las condiciones de confianza y Evo perdió el control de sus legisladores y dirigentes de los movimientos sociales, la aprobación de la ley y la suspensión de las medidas de presión estuvo mucho más cerca. Fue increíble ver a los dirigentes de Conalcam debatir, en un evento transmitido en vivo por televisión, en el mismísimo Palacio de Gobierno ante la presidenta Jeanine Añez.

Tras un trabajo maratónico, la ley resultó bien concebida: en primer lugar, se permite la participación del MAS, lo que es imprescindible, pero no de los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, por impedimento constitucional y debido al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

En segundo lugar, se deja en manos de los futuros vocales electorales la confección del cronograma electoral. Había otras opciones en las que algunos políticos presentaron propuestas de decretos supremos, que establecían incluso fechas para la realización de los comicios. Pero, las tareas son muy complejas como para establecer, sin la participación de quienes serán las autoridades electorales, las fechas para el llamado a elecciones.

Los nuevos vocales tendrán que organizar esos comicios en los plazos más breves posibles, pero sin apresuramiento, como ya se dijo en este espacio. Primero se debe  elegir los vocales, luego conformar la directiva del TSE, después establecer una manera para depurar el padrón electoral y abrir el registro a nuevos electores y finalmente establecer el cronograma en sí, que tiene dos fases cruciales: registro de candidaturas y establecimiento propiamente tal de los comicios.

Será difícil organizar esas elecciones en menos de 120 días. Hay mucho que hacer, entre otras cosas reconstruir una entidad que había sido tomada y manipulada de manera descarada,  sin mencionar la destrucción  de cuatro regionales después de la elección.

También se ha discutido que podría considerarse realizar un solo evento electoral y unir las elecciones nacionales con las regionales, que están previstas para abril. Eso lleva a otro asunto: como, además, debe preverse la realización de una eventual segunda vuelta, se podría considerar la entrega del mando el 6 de agosto, que recuperaría la tradición republicana previa a Morales, que decretó feriado el 22 de enero en honor al Estado Plurinacional.