El fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, en declaraciones a la agencia EFE, dijo que se pidió la “detención preventiva” del alcalde Édgar Bazán por los delitos de “incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado”.



Rocha explicó que “no se han dado cumplimiento a las normas básicas” para la compra de 41.000 mochilas, que se debían adquirir de proveedores nacionales y no mediante un proceso de importación.  La Fiscalía estableció que el costo de la dotación del material debió ser por $us 42.000, pero en realidad se desembolsó más de lo previsto con un daño económico casi $us 300.000.

“(Bazán) como máxima autoridad, en primera instancia, ha suscrito el contrato y se elaboran los pagos”, agregó Rocha.

El alcalde Bazán declaró poco después que no conocía de la imputación en su contra. “Quiero decirles que ese tema no es nuevo, es de hace seis meses. Lo que hay que hacer es dejar trabajar a la Fiscalía como directora funcional de la investigación”.

Expresó que él es el “primer interesado en que este caso se investigue. Vamos a demostrar que, al menos Edgar Bazán, como alcalde, no tiene absolutamente nada que ver”, complementó.

La autoridad edil manifestó que hace algún tiempo solicitó a la Contraloría General del Estado, como órgano rector del control estatal, que realice una auditoría especial sobre todo ese proceso de contratación.

“Ese trabajo está en curso, estoy convencido de que será ese documento que determinará qué es lo que realmente ocurrió. Yo, como alcalde municipal, quiero hacerles recuerdo de que no intervengo en los procesos, son funcionarios municipales los que sí intervinieron”, acotó.

El caso, de hecho, no había avanzado y estaba estancado en la Fiscalía hasta que se conoció la denuncia en Cochabamba.

El fiscal Rocha admitió que pese a las conminatorias que él generó, las investigaciones del caso realizadas por personal policial avanzaron muy lentamente. 

“No se dio la celeridad necesaria. Ese aspecto vamos a considerar, solicitaremos la separación de los investigadores que trabajaron este tema al comando de la policía y que se los pueda someter al régimen disciplinario por la actitud negligente que mostraron en este proceso, que daña la imagen de la Fiscalía”,dijo.

Un hecho que llamó la atención fue una reunión en la calle que fue fotografiada y difundida en redes sociales entre un concejal afín al alcalde, que es expolicía, un diputado oficialista y uno de los encargados de la indagación. Eso aumentó la susceptibilidad de que esa afinidad hubiera demorado la indagación.

El fiscal Rocha se refirió a este hecho: “No podemos establecer que aquello hubiera generado demoras en el caso. Si bien hubo una publicación en las redes sociales, en el transcurso del proceso ese aspecto será definitivamente investigado”, dijo.

En la Llajta

En Cochabamba, la jueza Sara Céspedes, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción, ordenó el jueves el allanamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía, con la autorización de ingresar, registrar, requisar y secuestrar la documentación y fotografías relacionadas con las presuntas actividades ilícitas.

Al final del operativo, se pudo observar que los investigadores se llevaron cajas de documentos y CPU de computadoras.
El alcalde José María Leyes salió a denunciar que el partido en Gobierno busca derrocarlo. 

“Denunciar un hecho que, en la historia democrática de nuestro país, nunca antes se intervino a la Alcaldía de Cochabamba como hoy, ni en épocas de dictadura. Este atropello es una muestra de desesperación del MAS (Movimiento Al Socialismo) y evidente persecución. Lo que busca es derrocar y dar un golpe al alcalde (José María Leyes) elegido por el pueblo”, manifestó en una conferencia de prensa.

Leyes criticó que al Gobierno no le interesan las mochilas ni la investigación, sino derrocarlo. El allanamiento a las instalaciones de la Alcaldía lo calificó como un abuso porque se empleó un contingente policial para secuestrar una carpeta. “Innecesario, porque mi persona se apersonó ante la Fiscalía apenas se enteró de la denuncia. Abusivo, porque se pretende amedrentar a funcionarios”, manifestó.

Mientras tanto, la presión contra el alcalde se multiplica. La Fiscalía le respondió por un lado de que si los investigadores lo ven conveniente, se realizarán allanamientos nuevamente y que hay funcionarios que ya declaran. A eso se suma que el Senado convocó al alcalde, para que explique lo ocurrido con las mochilas y el material escolar.

Dos  exalcaldes del MAS fueron sentenciados
Los exalcaldes por el MAS del municipio de Ixiamas, Macedonio Choque Villarpando, y Felipa Bilma Tintaya Apaza, fueron sentenciados por los jueces del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de la ciudad de La Paz con tres y seis años de privación de libertad, respectivamente, en el juicio oral seguido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez Guachalla, informó este viernes que el fallo judicial determinó que Choque cumplirá la condena en el penal de San Pedro y Tintaya en la cárcel de mujeres de Miraflores, ambos de la ciudad de La Paz. También se estableció que las dos exautoridades deben pagar costos al Estado."Se ha logrado esta sentencia en el marco de las normas contra la corrupción vigentes en el Estado (...). Cuando un servidor público o autoridad se involucra en actos ilegales deberá responder ante la justicia", afirmó. 

Idas y vueltas

El hecho
La Alcaldía cochabambina fue denunciada por el Ministerio de Justicia, debido a que contrató a una empresa para la dotación de mochilas por Bs 12,4 millones, pero el costo en China de los bolsos fue de 2,3 millones, haciendo un presunto sobreprecio de unos 10 millones.

Reacción
“El alcalde nos echa la culpa al MAS, pero el MAS no ha comprado las mochilas, el MAS no ha licitado y no las ha distribuido. No se ponga como víctima", aseguró la concejala Celima Torrico.

Defensa
El alcalde aseguró que es un tema político, porque él en persona fue a la fiscalía la semana pasada.