En primer lugar se puso en funcionamiento un sistema informático sólido; segundo, se designó y capacitó a jurados, quienes administrarán y resguardarán el voto en las mesas durante la jornada del sufragio.  

En criterio del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, un tercer elemento tiene que ver con la presencia de delegados políticos, observadores internacionales y la “constante presencia de la ciudadanía” en la realización del escrutinio y cómputo.

A ello se suma el sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial, que funcionan sin fallas y cuentan con mecanismos técnicos que —de acuerdo con Costas—, dan garantía que el conteo de votos sea ágil, preciso y transparente.

Aparte, el quinto componente que se puso en marcha es una “auditoría concurrente”, que resguardará las actividades propias del TREP y el cómputo, para detectar irregularidades o posibles errores, lo que incluso “cortará amenazas” de hackeo desde dentro o fuera del sistema electoral.

Costas afirmó que no son acciones aisladas. “Si vemos la parte del cómputo, ha sido explicado adecuadamente que los sistemas son eficientes. Si vemos la parte logística, hemos demostrado que se ha ejecutado de manera oportuna y eficiente. Los sorteos y las notificaciones a jurados también se lo hizo de esa manera eficiente (...). Creo que la gestión general del proceso electoral está en términos de mucha razonabilidad”.

PRIMARIAS. Por primera vez, las elecciones generales del próximo domingo son resultado de comicios primarios, en los que se eligieron, en enero, a los binomios presidenciales. 

El proceso fue objeto de una serie de observaciones, entre ellas que tuvo plazos demasiado apretados y que su único objetivo fue dar legalidad a la dupla del Movimiento Al Socialismo (MAS): Evo Morales y Álvaro García. Opositores afirmaron en reiteradas oportunidades que esa candidatura es “ilegal”, pues reivindican los resultados del referéndum constitucional del 16 de febrero de 2016 (21F), que rechazó una nueva repostulación de los gobernantes.

No obstante, en 2017, una sentencia constitucional allanó la ruta para que todas las autoridades electas —entre ellas Morales y García— puedan ser candidatos, sin límites.

El TSE validó la postulación del binomio del MAS, además habilitó a otras ocho organizaciones políticas para participar en los comicios. Grupos opositores continuaron con su pedido de respeto a los resultados del 21F, pero no tuvieron otra opción que subirse al proceso, pues el calendario electoral estaba en marcha.

La etapa proselitista se desarrolló en medio de una serie de cuestionamientos, denuncias de un posible fraude y una presunta parcialización del TSE. Y llegaron los cabildos. El de Santa Cruz instó al “voto castigo”, y los de La Paz y Cochabamba resolvieron pedir la renuncia de los vocales electorales e hicieron un llamado a la desobediencia civil, para desconocer el binomio Morales-García.

Al respecto, Costas expresó su respeto por los cabildos, pero evitó hacer comentarios en cuanto a esas determinaciones. Ante un posible fraude o parcialización, la autoridad dijo que se trata de una “desconfianza artificial”, que no tiene un origen técnico, sino político, y que por esa situación se han activado los cinco componentes explicados al comienzo, para brindar fiabilidad al proceso.

“Creo que estamos obrando con mucha seriedad, tenemos todos los respaldos para que las mismas misiones de observación cuenten con la posibilidad de requerir información sobre los diferentes componentes del sistema electoral, del proceso electoral y que les facilite el trabajo de observación (...). Es un proceso que busca que los resultados que se han dado en las mesas no tengan cuestionamientos”, afirmó Costas.

En septiembre, el TSE designó, a través de sorteo, a 207.330 jurados para las mesas de votación, de los que 9.042 fueron escogidos para desempeñar funciones en 33 países, donde los residentes bolivianos emitirán el sufragio este 20 de octubre.

Para Costas, la actuación de los jurados es vital para garantizar una correcta administración del proceso electoral, que garantizará la transparencia al final del proceso. “No hay ni un solo jurado designado (de modo premeditado) previamente en la mesa, además que son capacitados con mucho tiempo de anticipación (...). Ese es un componente, tal vez, más importante que los propios sistemas; cómo actúa el jurado electoral, es fundamental”, manifestó.

La presencia del control ciudadano y la observación del proceso por parte de personal extranjero buscan darle certeza al proceso electoral.

El TSE instó a los partidos a habilitar un delegado político en cada una de las 33.051 mesas de sufragio en Bolivia y en las 1.507, en el exterior.

Además, está prevista la llegada de seis misiones de observación internacional: la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Misión de diplomáticos acreditados en Bolivia, la Cancillería británica y el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur. Según Antonio Costas, en estos días se confirmará el arribo de dos misiones más.

A esto se suma el TREP y el cómputo oficial, dos sistemas de conteo de votos que —según el TSE— funcionan “sin fallas” y sirven para que el ciudadano pueda hacer el seguimiento permanente del proceso. El primer mecanismo es una manera “rápida y oportuna” de informar a la ciudadanía sobre los resultados preliminares del proceso. “El primer reporte seguramente lo vamos a hacer a las 19.30 y quisiéramos estar ya sobre el 60% de lo procesado”, afirmó.

Costas anunció que habrá un segundo informe, el día de las elecciones, entre las 21.30 o 22.00, en el que se espera sobrepasar el 80% del cómputo preliminar de los votos.

“Esta solución es también la contraparte a cualquier otra solución que la ciudadanía pueda tener para hacer el seguimiento a la votación; si hay alguna  duda o alguna de las actas entra en alguna observación, en el sistema se podrá mirar la imagen”, aclaró la autoridad electoral.

Costas se refirió así a las aplicaciones que activarán distintas organizaciones políticas, durante la jornada del sufragio, como un mecanismo de control para evitar posibles fraudes o irregularidades en el proceso.

“La transcripción de datos de los dos sistemas (el TREP y el cómputo), que son correspondientes, son totalmente independientes, pero los resultados son iguales; solo las mesas que hubieran sido observadas por el juzgamiento de las actas, en los Tribunales Electorales Departamentales, serán diferentes a lo que pueda reflejar el TREP; pero, en general, las actas y los resultados tienen el mismo contenido”, dijo Costas.

CONTEO. Ambas herramientas de conteo de votos serán monitoreadas por una “auditoría concurrente”, que verificará el ingreso y la salida de los datos, hará un seguimiento de la validación y verificación del cómputo como tal y de la transmisión rápida.

“Esta auditoría concluirá con los cierres de cómputo; mirará que hayan ingresado al sistema solo usuarios autorizados, supervisarán si es que hay algún intento de acceso no autorizado; por ejemplo, si alguien está queriendo hackear de afuera o de adentro, se intervendrá para cortar la amenaza”, explicó Costas, e indicó que es la primera vez que se recurre a un mecanismo como éste.

Con todo, la normativa establece un plazo de siete días para entregar los resultados finales de las elecciones, por parte de los tribunales departamentales; sin embargo, merced a la planificación hecha desde el TSE, se prevé que concluir estos procesos en un lapso de 48 a 72 horas.

“Una vez que el Tribunal Supremo consolide esos cómputos no podemos modificarlos, son irrevisables; es una actividad que ha precluido y no puede ser sujeta a otra consideración”. En ese marco, se prevé que hasta fines de este mes o, máximo, a inicios de noviembre, el TSE remita el informe final de las elecciones generales a la Asamblea Legislativa.