Por ejemplo, la independencia de poderes, la autonomía de instituciones fundamentales que estaban sometidas al Ejecutivo. Quizás una de las misiones más trascendentales es la construcción de una verdadera libertad de prensa, con periodistas y medios capaces de autorregularse en la búsqueda de la verdad, como manda la Constitución, y, sobre todo, con profesionales y empresas que no sean susceptibles de ser cooptados por el poder o de ser vetadas por éste, según gusten o no sus contenidos.

Aunque en el pasado Gobierno se decía que en Bolivia había libertad de expresión, no se puede desconocer que se utilizaron mecanismos que, poco a poco, forjaron una autocensura, especialmente en medios cuya economía dependía de la pauta estatal. Quienes no se sometían a la voluntad gubernamental terminaron aislados o emitiendo desde las redes sociales, porque se usó el poder político para castigar y asfixiar programas, personas y empresas periodísticas.

Es memorable la lucha de los periodistas cuando se trataba la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, porque utilizando una buena intención, puso mordaza en los medios. Posteriormente, se utilizó el brazo punitivo de Impuestos Nacionales, utilizando las multas tributarias y las inspecciones como un castigo a quienes osaran criticar o denunciar una irregularidad. La pauta del Estado se distribuía en función de quien hablara bien del Gobierno y de esa manera fueron creados los ‘medios paraestatales’, como los calificó el periodista Raúl Peñaranda.

En el otro lado de la vereda, con presupuestos millonarios cada año, el sistema de medios del Estado fue alimentando una práctica reñida con el periodismo. Solo los oficialistas tenían voz, las medias verdades se utilizaban como moneda común para la propaganda del régimen de Evo Morales. La recuperación del canal estatal, del periódico Bolivia (antes llamado Cambio), de la radio Patria Nueva y todas las emisoras comunitarias es una trascendental tarea del Ministerio de Comunicación, de manera que se demuestre que un medio estatal no tiene que ser propagandístico sino informativo y que el rol de quienes en él trabajan debe ser exclusivamente la búsqueda de la verdad. Ejemplos hay muchos en el mundo, lo que muestra que ese objetivo es absolutamente posible.

El poder debe tener una relación fluida con los periodistas. Quienes están en la función pública no deben perder nunca de vista que son servidores del pueblo y que una forma de rendir cuentas es a través de los medios de comunicación, de todos, sin excepciones. En Bolivia existe la necesidad de una ley de acceso a la información, la misma que quedó estancada precisamente cuando Morales llegó al poder. La transparencia absoluta es la mejor manera de gobernar de cara al pueblo.

La presidenta Jeanine Áñez afirma que respeta a los medios y que comprende que estos tengan que criticar lo que está mal. Esta misma postura deberían tener otras autoridades subnacionales, malacostumbradas a la receta masista; es decir, que solo tienen relación con los medios en función de su conveniencia, que cuando reciben observaciones a su desempeño se dicen acosados o que simplemente se rehúsan a brindar la información que se les solicita.

Un trabajo independiente de los medios es la garantía de información transparente para los ciudadanos y eso debería ser reforzado por el poder, a fin de no perder la perspectiva de la realidad.