La convocatoria parte de un régimen meritocrático; tener una licenciatura inicialmente. Se suma a esto las entrevistas para analizar los conocimientos sobre el sistema democrático, además del sistema electoral boliviano. 

No podrán postularse aquellos que ocupen un cargo público en cualquier entidad estatal y que no hayan renunciado tres meses antes del día de la postulación, ni haber sido dirigente o candidato en alguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación.

También deben acreditar no temer militancia política en los últimos 10 años, no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con funcionarios del TSE, el presidente, vicepresidente, diputados, senadores, magistrados, gobernadores o dirigentes de partidos.

El artículo 13 del documento aprobado, hace referencia a dos áreas de evaluación: la formación académica, en la que se evaluará posgrado (doctorado, maestría o especialidad), licenciatura o su equivalente académico con una formación profesional mínima de cinco años; y la experiencia y capacidad profesional, al menos cinco años de trayectoria a partir del título en provisión nacional, así como experiencia en cargos de la función pública y en organizaciones de la sociedad civil.

La evaluación también contemplará la “reconocida trayectoria” en la que los aspirantes pueden presentar reconocimientos, condecoraciones, publicaciones de libros o artículos en revistas especializadas.

Respecto al idioma originario, sí será un requisito, pero la certificación se puede presentar en el lapso de dos meses a su designación, en caso de ser uno de los elegidos por la Asamblea Legislativa.

Los plazos contemplan que todo el proceso de selección se realizará en 20 días, que comienzan con el registro y entrega de documentos desde el sábado. También se contempla una fase de entrevistas, donde casa postulante debe responder dos preguntas de un banco de 60 interrogantes elaboradas por los integrantes de la comisión.