La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el TCP, la Defensoría del Pueblo (DP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se mueven y deciden para satisfacer los intereses del partido de Gobierno. El fallo ilegal del TCP, al habilitar la reelección indefinida de los actuales mandatarios, destrozó el art. 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley del Régimen Electoral, se burló de la voluntad popular del referéndum del 21-F y humilló a los miembros del TCP y su fallo inaceptable, ilegal, inconstitucional y fuera del sentido común. El informe técnico y jurídico de la Comisión de Venecia es contundente: la reelección indefinida no es un derecho humano y las restricciones a los mandatos no violan los derechos humanos de nadie.

Hay una evidente mayoría contraria al capricho del MAS. Ocho de las diez ciudades más importantes dieron la espalda al Gobierno. De la misma forma, la tradicional base social de apoyo del MAS: pueblos indígenas del Tipnis, Tariquia, Achacachi y Yungas de La Paz, localidades importantes del altiplano, valles, yungas, llanos y tierras bajas del país.

 El Gobierno del MAS, ofuscado, farfulla acciones y declaraciones desesperadas. Por ejemplo, el ministro de Justicia, después de entregar el fallo del TCP al secretario general de la OEA, dice que la Comisión de Venecia no es un “órgano oficial de la OEA, ni de las NNUU ni de la Comisión Europea”. Añade: “Lo que diga la Comisión de Venecia no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la oposición debe dejar de mentir”. Otros voceros hacen ruido con que la OEA y la Comisión de Venecia interfieren en asuntos internos.

El Gobierno del MAS, de forma incomprensible, apoya a Maduro contra la posición del continente y del mundo. Aísla a Bolivia de sus relaciones regionales y mundiales. El broche de oro, en palabras del vicepresidente: “No vamos a rifar la repostulación de Evo Morales por un apego abstracto a la norma”. Es decir, nos quedaremos en el poder a cualquier precio y a como dé lugar. Pese a quien pese.

El último enemigo del Gobierno del MAS es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recibió dos demandas: una sobre el 21-F y otra sobre las ejecuciones extrajudiciales del hotel Las Américas. Admitió esta última. Evo Morales acusó a la CIDH de ser defensor del terrorismo y separatismo; el ministro de Justicia, de interferencia en asuntos internos del Estado boliviano. Así, Bolivia queda aislada, sin respeto por la CIDH, la Comisión de Venecia y el derecho internacional.

El Gobierno del MAS está en su mala hora. Su máscara popular cayó con el gasolinazo. Su máscara indígena cayó con la represión de Chaparina. Su máscara institucional cayó con las dos elecciones ‘partidizadas’ de autoridades judiciales (2011 y 2017). Su máscara democrática cayó con la angurria de la reelección indefinida. Finalmente, su máscara académica cayó con las recientes mentiras sobre falsos títulos universitarios y su odio a los profesionales y a la vida académica. ¿Qué gana Bolivia peleándose con la CIDH?