La Ley tiene todavía muchas incógnitas por descubrir, y todas tienen que ver con la contienda electoral. El MAS, al principio, apostó por una elección rápida y con las mismas organizaciones que ya lo hicieron el 20 de octubre. Incluso con los mismos candidatos a diputados y senadores, aunque algunos ya habían renunciado, con la posibilidad de ser cambiados después. Todo ello con el único objetivo de que la elección se llevara adelante el 12 de enero de 2020.

Al final, el mismo MAS concedió un articulado mucho más laxo respecto al original, que incluso contempla mantener los 120 días desde la convocatoria e incluso, 45 días más para organizar una segunda vuelta que a estas alturas se ve probable.

El cálculo es evidente. Carlos Mesa ya anunció que volvería a ser candidato amparándose en sus dos millones de votos del 20 de octubre y Demócratas, con el impulso renovado por el control del Gobierno cada vez menos transitorio, tendrá con toda la probabilidad su propio candidato que si no es Ortiz, puede ser la propia Jeanine Áñez.

Como “el momento es otro”, que ya apuntó el Gobernador Adrián Oliva, firme aliado de Mesa en octubre, es probable que se sumen también nombres como Samuel Doria Medina, que dio paso al costado advirtiendo precisamente lo sucedido, y también que se sumen las nuevas estrellas emergentes: Marcos Pumari y Luis Fernando Camacho, que se mantienen vigentes con entrevistas en CNN, regocijos en las rotondas y entregando demandas en el TCP. Además, está Chi Hyun Chung – que sigue trabajando por su proyecto conservador – y otros de los que participaron en la contienda anterior.

Candidatos

Todos los partidos definen su futuro en este periodo, mientras se conforme el Tribunal Electoral

El MAS calcula que cuanto más se asiente el Gobierno de Áñez, más posibilidades de división, además con un escenario económico que se ve complejo en el corto plazo, no faltarán oportunidades para señalar fallos económicos en contraposición. En cualquier caso, es el MAS el que debe buscar candidatos en el corto plazo y por el momento, no hay muchos rostros suficientemente consolidados.

Los “flecos” pendientes

La Ley, por ejemplo, no deja claro qué pasará cuando se trascienda el periodo constitucional que termina el 22 de enero. Áñez habla de una consulta al Tribunal Constitucional y en la Asamblea se barajan leyes, con todo lo delicado que resulta. La posibilidad de cerrar la ampliación de un periodo en funciones con el presupuesto congelado está vigente, aunque generaría enormes problemas al país. La posibilidad de dejar un Gobierno sin Asamblea sería un suicidio político.

Los otros “flecos” están en la mesa de pacificación que arrancó hace semanas en la zona sur y que se ha visto superada por la convocatoria de elecciones, aprobada con una responsabilidad encomiable.

Allá se habla de la otra Ley, la de Pacificación, en la que algunos quieren ver impunidad y que el propio ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, tuvo que aclarar en su alcance. En la inmensa mayoría de los países del mundo, los exmandatarios gozan de cierta inmunidad que solo puede ser rota con un voto parlamentario. Así fue con Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. En Bolivia ese asunto se pasó de puntillas en la actual Constitución, por aquello de las cuentas pendientes con Gonzalo Sánchez de Lozada y otros, pero en la actualidad, se ve desde otro prisma.

Quedan flecos por cerrar también en Cochabamba, que solo unas horas después de firmar un compromiso entre movimientos sociales y ministros, se volvió a bloquear carreteras. La ABC contabilizó hasta 20 puntos de bloqueo en ese departamento, y Andrónico Rodríguez, Vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, contempla un cuarto intermedio, aunque después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En cualquier caso, los salvoconductos y las órdenes de aprehensión siguen estando sobre la mesa, aireándose con mayor o menor virulencia. La última sobre Juan Ramón Quintana, cuyo paradero se desconoce más allá de los rumores de su permanencia en la embajada de México.

La vía política parece que se impone, pero nadie ha dicho todavía su última palabra.

La carrera por el TSE

Para hoy se tiene previsto aprobar el reglamento de la Ley, para inmediatamente llamar a los postulantes a ocupar las vocalías del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Antes, la Presidenta Jeanine Áñez ya nombró a su representante de acuerdo a lo que salvaguarda la Constitución, aunque eso no haya gustado del todo en todos los frentes, por la forma de actuar.

El nominado es Salvador Romero Ballivián, que hizo carrera en el TED paceño y luego designado durante la Presidencia de Carlos Mesa. Estuvo en el cargo entre 2004 y 2008, es decir, en la Corte que administró la primera victoria de Evo Morales y tuvo que lidiar después con los referéndum autonómicos. Después ha integrado diferentes misiones de la OEA como experto en el tema electoral.