El tribunal que administró las elecciones generales del 20 de octubre se fue desportillando con varias decisiones (o indecisiones) cuestionables, en especial desde las primarias. La más crítica fue la habilitación del binomio oficialista pese al resultado del referéndum constitucional de 2016. Así llegamos a la votación con un TSE débil y con escasa legitimidad.

Hoy el desafío principal es restablecer la confianza ciudadana y de todos los actores políticos en las autoridades electorales. Ello implica, como primer paso, la designación de vocales, de manera transitoria, con el mandato expreso de organizar y administrar los comicios generales y los subnacionales en la gestión 2020. Es necesario y posible hacerlo en el corto plazo.

La definición de nombres no puede ser unilateral, sino producto de un amplio acuerdo en el ámbito de la Asamblea Legislativa, que asuma propuestas de actores relevantes. La premisa es idoneidad, experiencia y, sobre todo, equidistancia. Si el propósito es recomponer la institucionalidad electoral, mal haríamos en pasar de un TSE “afín al MAS” a uno “afín a los operadores políticos” del Gobierno provisorio.