A reserva de cómo avance el esperado acuerdo político en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar una ley especial que viabilice con prontitud la ruta electoral, es fundamental que los próximos comicios, además de transparentes, sean plurales y competitivos. La premisa es garantizar la participación ciudadana y, por supuesto, de todos los actores políticos.

Lo que hace pocos días parecía una misión bloqueada y de escasa viabilidad, hoy es un elogiable aliento de esperanza: las fuerzas políticas en el Senado, con el liderazgo de la presidente Eva Copa, encaminan una norma para la convocatoria a elecciones generales y la recomposición del organismo electoral. Este difícil esfuerzo de concertación, en un escenario de profunda incertidumbre y crisis institucional, debe ser apoyado y blindado como un paso en la imprescindible pacificación del país.

Claro que no basta consensuar y aprobar una ley. Menos aún bajo presión del tiempo, de la advertencia de sustituirla por un decreto y/o la violencia y muerte en las calles. Es fundamental que esa norma restituya la confianza ciudadana en el mecanismo electoral, garantice elecciones en democracia y preserve el Estado de derecho. Un mínimo, por tanto, es que existan condiciones de participación: para actualizar el padrón electoral, nominar e inscribir candidaturas, hacer campaña, en fin, para votar.

En medio del debate y las acciones legales en torno a las irregularidades identificadas en el informe preliminar de la auditoría de la OEA (a la espera del informe final que debió presentarse hace más de 10 días), algunas voces radicales y poco democráticas izaron la idea de proscribir al hoy opositor MAS. La ley que se trabaja en la Asamblea parece haber disipado tal desvarío. Más allá del enjuiciamiento de quienes resulten responsables, es imprescindible no caer en la persecución política.

Lograr una elección transparente, plural y competitiva en el primer cuatrimestre del próximo año es un reto complejo. Por ello son necesarios los mejores esfuerzos y voluntades de quienes apuestan a una salida pacífica y democrática al conflicto. Demás está decir que ningún calendario electoral puede arrancar mientras persista la presencia militar en el territorio. Es imprescindible también que se logren acuerdos para suspender la movilización social. Urge construir puentes en lugar de destruirlos.

Hoy el bien mayor es garantizar el derecho humano fundamental a la vida y preservar la democracia como fuente de legitimidad de gobernantes y representantes electos. Ya vendrá la tarea más sensible y difícil, de largo plazo, de intentar reconocernos y respetarnos como iguales en toda nuestra diversidad, en especial étnico-cultural. Y sabernos personas: no “fascistas y golpistas”, de un lado, ni “terroristas y hordas”, por el otro. Por ahora, que la buena energía vaya a la Asamblea Legislativa Plurinacional.