Después de la renuncia de Evo Morales y una sucesión presidencial de características inéditas, la Constitución fija al gobierno de Jeanine Añez una única encomienda constitucional: llevar adelante elecciones para conformar un nuevo gobierno.

Por las características de la grave crisis, ese proceso electoral es clave para el destino democrático de Bolivia. Su éxito o fracaso marcará profundamente el cauce de la vida colectiva. Por ello, debe contar con las mayores garantías para celebrarse en un ambiente de paz y ofrecer resultados indiscutibles, base de un gobierno legítimo. Alcanzar ese propósito presupone tres requisitos indispensables.

El primero es la plena y libre participación de todas las fuerzas políticas, sin exclusiones. En ese sentido, es una señal adecuada que la Asamblea debata y acuerde las reglas de juego de manera concertada, procediendo a los ajustes pertinentes a las distintas leyes electorales. Una negociación de esta naturaleza implica concesiones, no es inmediata y exige consultas con actores relevantes, aunque sin representación congresal. Las definiciones deben ser ágiles, pero no precipitadas, pues lo importante es dotar de certeza a las etapas de la elección. Sin duda, la convocatoria consensuada traza la ruta de la pacificación.

Entre las decisiones importantes que debe adoptar la Asamblea, unas son políticas y otras técnicas. Entre las primeras, corresponde decidir si la elección presidencial y legislativa será en simultáneo con la local, o si tendrán fechas separadas. Hay argumentos técnicos y políticos a favor de cada opción. Asimismo, corresponde encontrar una fórmula jurídica que prorrogue el mandato de los asambleístas, pues no es conveniente que el país quede sin Órgano Legislativo -los asambleístas cesan en su mandato el 22 de enero de 2020 y, para ese momento, aún no se habrán celebrado los comicios-. Entre las medidas técnicas  figura la cancelación de las elecciones primarias, al menos para este proceso electoral; la adecuación de  plazos; la facilitación de la toma de decisiones en el Órgano Electoral.

El segundo requisito es la conformación de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) idóneo, es decir técnicamente solvente, políticamente imparcial, representativo de la pluralidad de sensibilidades. Los comicios no pueden desarrollarse como los de 2019, bajo la sombra de sospechas y temores. Se necesita recuperar la confianza que partidos y ciudadanos tuvieron en la Corte Nacional Electoral, un ejemplo exitoso de construcción institucional. El papel de la Asamblea es nuevamente crucial y las designaciones deben recaer en personas de sólido perfil profesional y ético, sin subordinaciones partidarias. En este sentido, se pondera que el gobierno retirara la pretensión de nombrar los vocales mediante un decreto supremo: si bien ello ofrecía celeridad, dejaba pendiente la  concertación, independientemente de las cualidades de quienes hubieran sido designados.

El tercer requisito es garantizar los tiempos mínimos para una organización adecuada de las elecciones, acorde con la verdadera prioridad, que es una elección sólida. Acortar plazos sin criterio técnico resultaría perjudicial, tanto más que se debe considerar que los vocales encontrarán organismos electorales golpeados y desestructurados -incluso sin infraestructura-. Elecciones en 90 o menos días no parecen viables. Conviene asumir como razonable un plazo que gire alrededor de 120 días. La diferencia de un mes o de algunas semanas es irrelevante frente al costo que supondría para la democracia un fracaso técnico de los comicios.

Es demasiado lo que se juega en las elecciones de 2020. Los actores políticos y sociales deben evitar medidas unilaterales y más bien demostrar una visión democrática amplia y prudencia en la búsqueda de soluciones concertadas para encaminar el proceso electoral por las mejores vías. Cuando los ciudadanos acudan a votar, deben saber que su voto será respetado y que sobre esos sufragios se construirán de forma duradera la convivencia pacífica y el destino democrático de Bolivia.