¿En Bolivia hubo Golpe de Estado contra Evo Morales? Qué dice la constitución al respecto:

Hace unos días, tuve la desdicha de cruzarme con un artículo del afamado diario argentino Página 12, que titulaba “Por qué lo que pasa en Bolivia es un golpe de Estado” en él, el autor basa su análisis en el concepto de Golpe de Estado brindado por Rafael Martínez, catedrático de la Universidad de Barcelona, que lo define de esta forma: “las acciones concatenadas y realizadas en un corto espacio de tiempo encaminadas, mediante la amenaza, a remover el poder ejecutivo, por parte de un pequeño grupo con alta capacidad de disuasión que utilizará cauces ilegales, que luego tratará de justificar arguyendo la defensa de unos intereses propios que se revisten de colectivos”, será este concepto la base principal que utilizaré para contrastar lo que hemos vivido y continuamos viviendo los bolivianos y por qué defiendo la idea de que en Bolivia no hubo un golpe de estado.
a) Las acciones concatenadas y realizadas en un corto espacio de tiempo
Para comenzar, el artículo de Página 12 inicia la cronología de los eventos en la noche del 20 de Octubre de 2019, cuando comenzaron a conocerse los resultados preliminares de la votación, sin embargo, el caldo de cultivo que encendió las mechas de protesta de la población civil organizada no tuvo su inicio el día que se abrieron comicios, sino, a finales de noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional emite la polémica sentencia 0084/2017, brindando a Evo Morales y Álvaro García Linera la posibilidad de presentarse por cuarta vez consecutiva a la elección presidencial, declarando inconstitucional el art. 168 de la propia constitución boliviana (reformada durante el primer mandato de Morales) bajo el escandaloso argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano que se encuentra por encima del principio democrático de la alternancia en el poder.
A partir de conocerse dicha resolución, Morales padeció la presencia de protestantes en la mayoría de los actos públicos a los que asistió, que al grito de “Bolivia Dijo No” le recordaban el plebiscito realizado en Febrero de 2016, donde la mayoría del pueblo boliviano se negó a reformar la constitución para ceder a su capricho de eternizarse en el poder. Lo que no consiguió en las urnas, lo obtuvo a través de una restructuración del Tribunal Constitucional empleando la mayoría absoluta que poseía en la Asamblea Legislativa, corrompiendo de esta manera y por primera vez, la voluntad popular.
b) Parte de un pequeño grupo con alta capacidad de disuasión
Desde entonces, la popularidad de la que se jactaba en sus primeros mandatos fue decayendo, a la luz de los casos de corrupción que pululaban entre los miembros de su gabinete, las muestras de abusos de poder y manipulación judicial para perseguir a quien se le opusiera, y finalmente su indolencia frente a los desastres naturales que acontecían bajo su orden (Tariquia y, especialmente la Chiquitania) se realizaron en distintas ciudades los afamados Cabildos departamentales, consignados como formas de representación y determinación democrática en el Art. 11 de la Constitución, contando con cientos de miles de bolivianos en todo el país que juraron defender la democracia y no permitir el avance de la tiranía.
Fue este compromiso asumido el que detonó los días 20 y 21 de Octubre la indignación nacional por las evidentes irregularidades que se cometieron durante el recuento de votos. La paralización de los datos del TREP solo fue la alerta que desató la ola de denuncias a nivel nacional e internacional, en Potosí un grupo de vecinos descubrió ánforas electorales en la casa de un viceministro que deberían haberse encontrado en las instalaciones del tribunal electoral, en Santa Cruz, descubrieron al personal del tribunal abriendo las ánforas y en posesión de papeletas marcadas por el partido oficial, en La Paz también encontraron personal trasladando papeletas en iguales circunstancias, en el resto del país, no faltaron las denuncias de encontrar como habilitados a familiares que habían sido reportados como fallecidos (luego se aclaró que el padrón electoral no se encontraba saneado por lo cual, no se puede saber a certeza cuantas personas inhabilitadas emitieron su voto), también se encontró que existían cédulas de identidad duplicadas, e inconsistencias entre las actas que figuraban en el TREP y el cómputo oficial, que si bien solo el segundo es vinculante, ambos se basan en el mismo material escrutado.
Con este corto resumen, podemos desvirtuar parte del concepto brindado por Rafael Martínez en el caso boliviano, ya que las protestas que movilizaron a la población no sólo fueron continuadas en el tiempo, sino fruto de un deber ciudadano consignado en la propia constitución nacional, Art. 108, en su numeral primero y octavo, que demanda de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, a la par de denunciar y combatir todos los actos de corrupción, en este caso, el fraude electoral.
c) Mediante la amenaza
Resulta tragicómico que dentro del concepto de golpe de estado se haga mención a la palabra amenaza, que durante las protestas que duraron 21 días, llegaron justamente de quienes detentaban el poder. Evo Morales y sus llamados movimientos sociales, se burlaron de los manifestantes, y advirtieron con realizar cercos a las ciudades para impedir el ingreso de alimentos a la población en protesta, soltando jocosamente un: “A ver si aguantan”, su ministro a la presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que Bolivia se convertiría en una Vietnam moderna, el ministro de Defensa, aseguró que de no cesar las protestas empezarían a contarse muertos por docena, y finalmente, el asambleísta departamental oficialista Gustavo Torrico mandó un mensaje casi mafioso a las madres de los universitarios manifestantes, donde les advirtió de la posibilidad de terminar enterrando a sus hijos a casusa de su protesta .
d) Utilizará cauces ilegales, que luego tratará de justificar arguyendo la defensa de unos intereses propios que se revisten de colectivos.
Tras el estallido inicial del 20 y 21 de Octubre, las movilizaciones nacionales se mantuvieron bajo la consigna de la protesta pacífica, que no se vio interrumpida hasta que los grupos afines al partido oficial salieron en respuesta haciendo uso de la agresión como medio intimidatorio. Producto de estos enfrentamientos se produjeron dos muertes en Montero (Santa Cruz) a través de un arma de fuego que cobró la vida de protestantes a manos de miembros de juventudes del MAS y la presunta autoría intelectual de una candidata a diputada por el mismo partido. En Cochabamba, donde ocurrió el bochornoso y condenable episodio que relata Página 12 con la alcaldesa oficialista de Vinto, se omite mencionar que la misma instigó a pobladores a “desbloquear” las protestas de los ciudadanos y que producto de ese choque, varios jóvenes resultaron heridos y uno de ellos, muerto a golpes por las turbas impulsadas por dicha autoridad.
Cada día que pasaba, más personas y colectivos se unían a la demanda de transparencia electoral, que si bien la prensa internacional gusta tildarlos de golpistas y derechistas, no podía ser más intercultural e interseccional. No fue un partido político quien dirigió las marchas y acciones que se tomaron, sino, una unión de representantes de todos los rincones de Bolivia, lo que desvirtúa la idea de que se trataba de una minoría, pues incluso si nos basamos en los resultados electorales fraudulentos del 20 de Octubre de este año, el MAS lleva tiempo sin ser la mayoría del país.
Contemplando Evo Morales que el pueblo continuaría protestando, recurrió a aceptar la auditoría de la OEA, asegurando que de encontrarse irregularidades cedería a la realización de la segunda vuelta contra el candidato Carlos Mesa. Esta declaración que fue recibida en el exterior como un acto pacificador, no fue sino el ejemplo claro de Morales admitiendo la influencia que poseía sobre el Tribunal Electoral, que siendo considerado el cuarto órgano (poder) del país, debía ser el encargado de tomar las determinaciones pronunciadas por el entonces mandatario, ya que la constitución exige su independencia de los otros poderes del Estado, en este caso, el Ejecutivo.
Quizá el punto más polémico y álgido de esta revolución se dio con los motines policiales que iniciaron la noche del 8 de Noviembre, cuando cansados de los abusos por parte del partido oficial y de verse obligados a reprimir a los manifestantes y confrontarlos en más de una ocasión, los efectivos retornaron al cumplimiento de la constitución, que en el Art. 251 les demanda hacer cumplir las leyes en el territorio y responder al soberano que es, en base a nuestra norma suprema, el pueblo boliviano.
Dos días después, cuando la OEA emite el informe preliminar afirmando la existencia de irregularidades y sugiriendo la realización de una nueva elección, Evo Morales vuelve a interferir en la competencias del Órgano Electoral e informa que está dispuesto a que las elecciones vuelvan a realizarse. Para entonces, los macabros hechos de Vila-Vila ya habían acontecido.
Caravanas de protestantes que se dirigían de Potosí, Santa Cruz, Sucre y Tarija a reforzar las manifestaciones en La Paz, son atacadas por sujetos afines al partido de Morales, cinco mineros terminan heridos de bala (sus testimonios dan cuenta de francotiradores asentados en el camino), los buses son apedreados y lanzan dinamitas contra ellos, obligando a un grupo de mineros a proteger con sus cuerpos y a trote, los buses que aun podían avanzar. Catorce personas son tomadas de rehenes, son desvestidos, azotados, golpeados y dos mujeres abusadas sexualmente. El dolor se acrecienta y ya no alcanza con el llamado de Morales a nuevas elecciones, durante su gobierno se ha superado la cifra de setenta fallecidos en conflictos sociales en sus casi catorce años de mandato.
Entonces se instaló la mirada pública en el accionar que tomarían las fuerzas armadas, pues aún se tiene en el recuerdo popular el dramático enfrentamiento entre policías y militares que aconteció en el 2003, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a su abrupto final, en ese entonces, las protestas que lo desestabilizaron y provocaron su renuncia fueron lideradas por el propio Evo Morales, vaya ironía.
Sorprendiendo a oficialistas y protestantes, el Alto Mando termina pronunciándose, y acogiéndose al art. 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que les faculta de sugerir soluciones ante conflictos externos e internos, textualmente, sugieren al presidente Morales renunciar para pacificar el país. Vale aclarar que hasta entonces, no se habían desplegado actividades militares en el territorio, y que los mismos habían mantenido una postura de subordinación al ejecutivo. De la misma forma, incluso la propia Central Obrera Boliviana, ente afín al presidente, pide su renuncia.
Comienza entonces a darse una serie de renuncias por parte de miembros del partido oficialista, dentro de las que destacan el presidente de la cámara de diputados y la presidenta de la cámara de senadores, culminando con la conferencia de prensa de Morales y García Linera renunciando a su cargo, pero llamando a sus movimientos afines a conformar una resistencia. Posteriormente, ambos abandonarían territorio nacional con el aval de las FFAA que autorizarían la llegada de una aeronave extrajera.
Ahí es cuando, según el artículo de Página 12, se efectiviza el Golpe de Estado, provocando la renuncia del presidente y una fractura al orden constitucional, sin embargo, el orden constitucional se fractura con anterioridad, ante la consumación del fraude electoral por parte del partido oficialista, violando los art. 11 y 26 del texto jurídico. La renuncia de Morales no es producto de los motines policiales, sino de su incapacidad de reaccionar ante un pueblo indignado por la nueva negación de la voluntad popular, y ante el pronunciamiento de los entes de control coercitivo de su apego a las normas, específicamente, los art. 244, 245, 246, 247 y 251 de la constitución.
Lo que termina de desacreditar el argumento de que en Bolivia se produjo un golpe de Estado, llamando ilegal la proclamación de Jeanine Añez como presidente, es el respeto a la sucesión constitucional del poder que demandan los art. 169 y 170 de la CPE. La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, asume como presidente constitucional, en virtud de la resolución constitucional 0003/2001, que prioriza la necesidad de retomar el mando presidencial vacante, bajo el principio de inmediatez, no necesitando ley, resolución, o quórum, pues el legado constitucional opera ipso facto e ipso iure, y así lo ha declarado el propio Tribunal Constitucional en un comunicado reciente.
Es comprensible la preocupación internacional que suscitan los hechos que acontecieron y acontecen en Bolivia, pero es indignante la información tendenciosa, sesgada e incorrecta que se brinda por parte de cierto sector de la prensa interncional, que a la luz de un análisis real, evidencia que a una porción del periodismo solo le interesa la verdad en cuanto colabore al relato que desean construir con ella.
Para terminar, citando a Ludwig von Mises, si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo la verdad: En Bolivia no hubo Golpe de Estado.