Por efecto de una nueva legislación, esos dos bancos de datos personales –los mayores y más completos del país– compartirán sus registros en una plataforma de interoperabilidad, de la que participarán también las demás “entidades públicas que, conforme a sus atribuciones, recolectan, generan, transforman y validan datos o información requerida por otras entidades” instruye un decreto de reciente promulgación.

Esa plataforma de interoperabilidad es una instancia virtual “que permite a las entidades públicas intercambiar datos de manera ágil y eficiente, de tal manera que se pueda ofrecer un mejor servicio al ciudadano en la realización de trámites”, según explica el portal web de la  Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic).

La creación de esta plataforma responde al objetivo de reducir la burocracia que enfrenta el ciudadano en las instancias, “ante la creciente necesidad de intercambiar datos que se encuentra en las diferentes entidades públicas del Estado, estas han implementado sus servicios de interoperabilidad bajo diferentes criterios, lo que hace que el acceso a los mismos sea un proceso que toma mucho tiempo tanto en los aspectos legales como en los aspectos técnicos”, informa el portal mencionado.

La iniciativa es sin duda merecedora del mayor de los elogios, pero hay aspectos formales que despiertan suspicacia, –merecida o no– en la oposición legislativa y en el ciudadano común más o menos informado.

El principal de esos aspectos que dan lugar a una cierta desconfianza tiene que ver con la casi desconocida y nóvel Agetic. Esta agencia, creada hace tres años, depende directamente del Ministerio de la Presidencia. Si bien, como lo asegura la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, la Agetic no administrará la información de la ciudadanía archivada en el Segip, ni la del Servicio de Registro Cívico, ello no explica por qué esa instancia tiene que ser, necesariamente, dependiente del Ejecutivo.

Parece que los cuestionamientos que provoca la nueva legislación sobre los datos personales de los bolivianos tendría que estar mejor formulada y ser más precisa. Y la información oficial acerca de esta y otras iniciativas, más abundante y transparente. Así se contribuiría a construir una relación menos áspera entre el ciudadano común y el Estado.