Al producirse un cambio en el orden político surgieron posiciones radicales que causaron honda preocupación en el país, sumido en una crisis sin precedentes desde hace un mes. Por eso, la ciudadanía recibió con alivio que en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se generara un ambiente que permitió el primer paso a una apertura democrática: la convocatoria a elecciones generales, promulgada finalmente ayer.
En la primera fase de reuniones en la ALP entre las distintas corrientes políticas, fue notoria la aparición de diferentes posiciones en el seno del Movimiento al Socialismo que hacía entrever que, para los fines de entendimiento general, era necesario que primero se llegara a un consenso entre los miembros de ese partido político. Una situación semejante se produjo entre los otros legisladores que son solo pares porque tuvieron en el pasado un adversario común.
La intervención de representantes de la comunidad internacional y de la Iglesia contribuyó en gran medida a llegar a un acuerdo entre Gobierno y parlamentarios que arrojó como primer fruto la convocatoria a elecciones a principios del próximo año. Para ese efecto, a corto plazo, se renovará en su integridad el Órgano Electoral en escala nacional y departamental. Fue acordada la habilitación de nuevos candidatos tanto al Órgano Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa.
Se mencionó la emisión de una Ley que declare que los nuevos gobernantes solo podrán ejercer su mandato por dos gestiones sin posibilidad de reelección. Al respecto, es predominante la opinión que considera innecesaria esa medida porque está claramente expuesta en la Constitución.
Aunque el principal obstáculo para la reapertura democrática se ha superado, existen aún temas que mantienen distancia. Uno de ellos es la insistencia del ala dura de militantes del MAS, en la emisión de una norma que libere de eventuales responsabilidades a exautoridades y dirigentes. Con la ciudadanía ya informada al respecto, es de esperar que esa posición no sea irreductible, para los fines de paz y concordia.
La grave situación conflictiva que aún persiste ocasionó acciones que por sus características son indudablemente delitos, producidos por causa del encono proveniente del enfrentamiento entre bolivianos, con autorías intelectuales que deben ser investigadas. Ante la necesidad de llegar lo más pronto posible a una pacificación plena, los actores políticos que tienen en sus manos los destinos del país deben seguir evitando los caminos que reaviven la confrontación.
