La noche del 21 de octubre, un día después de las elecciones, una ola de quemas de tribunales electorales sacudió al país. Era el inicio de un mes de crisis que, si bien tiende a atenuarse con los acuerdos políticos de este viernes, cambió el gobierno en el país con saldos trágicos.

Esa mañana, molesto por la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, llamó a movilizaciones frente a los tribunales electorales.

“Que estemos en todos los tribunales departamentales con la fuerza de la gente para exigir que no se trate de repetir un 21 de febrero de 2018 (referéndum que rechazó la repostulación de Evo Morales)”, dijo.

En la noche, manifestantes contra el entonces gobierno de Evo Morales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) irrumpieron las calles en varias ciudades del país y desataron su furia contra los tribunales departamentales de Chuquisaca, Tarija, Potosí, Pando y Santa Cruz, cuyos edificios fueron quemados y saqueados. También quemaron sede del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Sucre, además de la Federación de Campesinos de Chuquisaca.

Para alimentar la tensión, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) adelantó su criterio, a pesar de que horas antes se había comprometido ante el Gobierno a hacer un “acompañamiento” al cómputo de votos. En conferencia de prensa expresó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares”.

• Arden muebles de una oficina del MAS y de cocaleros en Cochabamba durante una protesta cívica.

Se refería al salto del TREP luego de la impensada suspensión de casi 24 horas, que al 95,22% de actas verificadas otorgaba a Morales 46,86% de votos y a Mesa, 36,73% que rozaba una resolución electoral en primera vuelta. A las 20.00 del domingo, las actas verificadas habían alcanzado el 83%, con el 45,71 % de votos para el MAS y el 37,84% para CC. Los datos anunciaban una segunda vuelta.

A partir de esas cifras cuestionadas, todo se complicó para el gobierno de Morales y el TSE. El Comité pro Santa Cruz llamó a un paro indefinido y los seguidores de Mesa y otros manifestantes de oposición se declararon en pie de lucha en defensa del voto y la segunda vuelta electoral.

Calles, avenidas y rotondas se cerraron en Santa Cruz, y con el auspicio de la Gobernación y la Alcaldía locales, que decidieron volcar su logística y proveer alimentos y agua, miles de manifestantes instalaron los bloqueos. Las movilizaciones se extendieron a varias regiones del país el fin de semana siguiente. Aparecieron los multitudinarios cabildos y gigantescas marchas callejeras.

Un desafiante Morales calificó a los bloqueos como una instalación de “pititas” en las esquinas y que iba a enseñar a los movilizados cómo bloquear. La tensión se había ampliado, hasta llegar a choques de manifestantes con la Policía por varias noches en el centro de La Paz.

En el oriente, un poco conocido líder cívico, Luis Fernando Camacho, irrumpía en el escenario político y comenzaba a arrebatar el liderazgo ganado por Mesa en las elecciones del 20 de octubre, ante la proyección frustrada de otro líder cruceño, Óscar Ortiz, el perdedor de los comicios.

Radical conservador, fundamentalista religioso y joven, Camacho comenzó a dirigir las movilizaciones entre Santa Cruz y La Paz, adonde llegó luego de dos intentos frustrados por salir del aeropuerto de El Alto. Aupado por los cabildos masivos en el Cristo Redentor, el titular cívico se atrevió a conminar a Morales a renunciar “en 48 horas”, a devolver al Palacio de Gobierno la Biblia y a “recuperar la democracia”.

• Efectivos policiales se amotinan en Cochabamba el 8 de noviembre.

Mientras las movilizaciones crecían en el país, el dirigente cívico esculpió su estrategia paso a paso, invocó a las Fuerzas Armadas e hizo de mandatario al prometer a la Policía Bolivia el cumplimiento de una serie de demandas institucionales. Mientras, Mesa cambió de discurso, pasó de demandar segunda vuelta a la petición de convocatoria de nuevas elecciones, en vistas de lo que consideraba un fraude electoral a los comicios.

Había caíd tres personas en la crisis: dos personas asesinadas por civiles presuntamente vinculados al MAS en Montero y otra en Cochabamba, un joven cuya familia dijo que bloqueaba las calles a cambio de un pago.

Camacho se alió a otro líder cívico, Marco Pumari, de Potosí, para generar zozobra en La Paz y, a la vez, articular un movimiento más grande, con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), los cocaleros disidentes de los Yungas y otros comités cívicos. Se abrazó con una chola paceña, ondeó la whipala (dijo que antes creía que era un emblema del MAS) e hizo de los policías como su guardia de seguridad mientras estuvo en la sede de gobierno.

Así llegó el domingo 10 de noviembre al Palacio de Gobierno, a plantar la Biblia en el escudo del piso del hall del edificio republicano y dejar la carta de renuncia que no logró que Morales la firmara. Otros hechos le ayudaron a consumar lo que prometió: el “punto final”.

Muy temprano, esa mañana, la OEA adelantó su informe de auditoría al cómputo electoral, que detectó manipulación informática y estableció que el organismo no puede avalar los comicios. Al contrario, recomendó la convocatoria de nuevas elecciones  con un nuevo TSE.

Morales ya había hecho un primer intento en la víspera por salvar la situación. Según reveló en entrevistas posteriores, esa madrugada quiso frenar la publicación del informe y no pudo contactarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien quería expresarle su preocupación sobre un eventual desenlace riesgoso en el país por la difusión adelantada del documento.

• Evo Morales a su llegada a Ciudad de México, el 12 de noviembre.

Fue uno de los factores claves de la posterior dimisión del Presidente, aunque no tanto como la posición que en la tarde le expresó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, quien sugirió la renuncia del mandatario ante la grave crisis en el país. Fue la estocada final.

Como Morales, también renunció el vicepresidente Álvaro García y la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, además del primer vicepresidente del órgano legislativo, Rubén Medinaceli, y el titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

La caída de la sucesión constitucional del lado oficialista dejo en bandeja de plata el poder a favor de la oposición. En Trinidad, la senadora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, ya se expresaba dispuesta a la sucesión. Tardó un par de días su cumplir su propósito y consumar el plan de Camacho: sustituir a Morales con alguien que no sea del MAS.

La senadora beniana irrumpió en escena en momentos críticos en el país: una ola de vandalismo azotaba La Paz tras la renuncia de Morales. A la quema de viviendas de algunos gobernadores, ministros y alcaldes masistas, la represalia llegó en La Paz contra la casa de la periodista de TVU (que había liderado la cobertura de las movilizaciones contra Morales) Casimira Lema y el directivo de Conade Waldo Albarracín.

Añez pidió a las Fuerzas Armadas coordinar el control de la convulsión con la Policía Boliviana. Al día siguiente ya pudo ordenar esas tareas como presidenta transitoria, cuando se declaró como tal en actos rápidos, primero en la Cámara de Senadores y luego en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni la presencia del oficialismo de dos tercios del MAS.

Esa noche del 12 de noviembre, Áñez pudo ingresar en el Palacio Quemado la Biblia, y junto con Camacho y Pumari celebraron el final de Morales en los balcones del edificio republicano. Sus tareas principales: pacificar el país y convocar a nuevas elecciones.

• La nueva presidenta Jeanine Áñez, saluda desde uno de los balcones de Palacio de Gobierno el 12 de noviembre en la noche.

Su propósito se complicó con la convulsión social en su contra. Una serie de movilizaciones fue intervenida por el operativo policial-militar en La Paz y Cochabamba, pero los más graves fueron los que protagonizaron los cocaleros del Chapare y los alteños de Senkata.

En la represión de cocaleros en Huayllani, el viernes pasado en Sacaba, murieron a bala nueve personas, pero el Gobierno dijo que no fueron por armas de las Fuerzas Armadas. El argumento fue similar en El Alto, cuando el martes otras ocho personas también murieron a bala: No fueron por un proyectil de las Fuerzas Armadas, se defendió esa noche el ministro de Defensa, Fernando López.

Desde la renuncia de Morales, distintos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), contabilizaron una veintena de fallecidos, un saldo trágico que está en investigación en el Ministerio Público.

Pasadas las muertes entre el miércoles y este viernes, las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional intentan apurar la convocatoria a elecciones. Hay acuerdos iniciales: saneamiento del padrón, participación de todos los candidatos menos Morales y García, definición de la fecha de los comicios y la de una eventual ampliación del tiempo de gobierno de Áñez por parte del nuevo TSE.

Son 30 días de crisis, del 21 de octubre al 21 de noviembre, número clave que resalta la oposición por emblemático 21 de febrero de 2016, cuando un referéndum le dijo no a la repostulación de Morales, ahora asilado en México. (22/11/2019)