Callar es lo mismo que mentir”. Esta frase de Luis Espinal, asesinado en 1980, es un faro que guía a los periodistas de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP). Y hoy, en una coyuntura de crisis, la prensa no debe callar. El 14 de noviembre, la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en una de sus desafortunadas intervenciones afirmó que contra “aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos y extranjeros, está causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”. Poco le faltó para decir que los periodistas deben andar con el testamento bajo el brazo.

Pero no se quedó ahí. Tras asegurar que la prensa “tiene todas las garantías para trabajar”, agregó que estas personas están identificadas y anunció que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, “va a tomar las acciones pertinentes”. Más allá de la discusión de que el actual régimen sea legal o ilegal, y la vergonzosa lucha de los políticos por el poder, lo cierto es que esas declaraciones no se pueden quedar ahí. Todos tienen el derecho de ingresar a la función pública; esto además está respaldado en el derecho al trabajo. Eso no está en discusión. Lo cuestionable es que Lizárraga utilice su pequeño y “transitorio” feudo en el Estado para intentar atemorizar, amenazar y perpetrar acciones al margen de la Constitución y la Ley de Imprenta, que está en plena vigencia.

Al respecto, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó a escala internacional su preocupación: “Me alarma escuchar que la designada Ministra de Comunicación de Bolivia hable de expulsar a ‘seudo’ periodistas sediciosos. Quienes están al frente del Estado deben garantizar la libertad de prensa a través de las fronteras y sin estigmatizar”.

Prestigiosos periodistas de diversos medios, a su turno, pegaron también el grito al cielo. Por ejemplo, Juan Carlos Salazar destacó, entre otras ideas, que la ministra “debería saber que la libertad de expresión es un bien supremo y base fundamental de la democracia”. El meritorio periodista Juan Carlos Marañón, de igual forma, hizo la misma reflexión.

La periodista Drina Ergueta, por su parte, en su cuenta de Facebook presentó el 14 de noviembre una reveladora entrevista de Jaime Bayly a Lizárraga, realizada el 29 de octubre de 2019, en Miami. De entrada, Bayly afirma: “Bienvenidos de vuelta al programa. Gracias a los buenos oficios de mi amigo Carlos Sánchez Berzaín nos visita esta noche una brillante y aguerrida periodista y activista boliviana, Roxana Lizárraga. Un aplauso, por favor”. Lizárraga responde “gracias, gracias”, y no aclara su relación con el ex ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Así, es contra esas ofensivas declaraciones que los periodistas que aman la libertad no tienen que callar: deben exigir vehementemente a la ministra Lizárraga su inmediata renuncia. Además, se pide a la FTPLP convocar, de manera urgente, a una asamblea para analizar este atentado contra la libertad de expresión, pues por insinuaciones más leves antes se protagonizaron marchas en plena plaza Murillo. También se tienen que tomar acciones contra ciertos individuos que, a nombre de los “sectores sociales”, están ejerciendo violencia contra algunos colegas.