La Fiscalía General del Estado investiga el nexo que hubo entre el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) en el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

La entidad fiscal va por dos exfuncionarios de mando medio, que ahora están en la embajada de México en La Paz a la espera de la autorización de asilo político. La indagación en este caso avanza con allanamientos a oficinas públicas y denuncias contra exautoridades cercanas a Evo Morales.

El fiscal de distrito de La Paz, William Alave, informó de que se solicitó a la Cancillería información sobre los procesos de solicitud de asilo de Nicolás Laguna, exdirector de Agetic, y de Sergio Daniel Martínez, quien fue oficial de seguridad de información del OEP mientras duró el proceso electoral. La autoridad señaló que se debe investigar el nexo de ambas entidades y para eso se necesita las declaraciones de ambos exfuncionarios, quienes cuentan con mandamiento de aprehensión.

“Hemos remitido una comunicación oficial a la Cancillería haciéndoles conocer que dentro del proceso de investigación y porque son parte de un proceso penal dentro del tema del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de seguridad informática del OEP y el director de Agetic tienen mandamiento de aprehensión, por lo que se debe comunicar a las embajadas que estas personas son objeto de investigación”, remarcó el fiscal Alave.

Tanto Laguna como Martínez se encuentran en la embajada de México a la espera de su solicitud de asilo político. La canciller Karen Longaric aseguró que no se entregó salvoconductos diplomáticos a estas personas y que solamente se aplicó estas medidas a cinco familiares del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Laguna y su función

Laguna es investigado por el delito de presunto fraude electoral que se cometió en octubre pasado. El acusado se desempeñaba como director de Agetic, institución descentralizada que dependía del Ministerio de la Presidencia. Esta entidad tenía coordinación estrecha con el Servicio de Registro Cívico (Sereci). Share to WhatsApp

La Fiscalía General del Estado investiga el nexo que hubo entre el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) en el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. 

La entidad fiscal va por dos exfuncionarios de mando medio, que ahora están en la embajada de México en La Paz a la espera de la autorización de asilo político. La indagación en este caso avanza con allanamientos a oficinas públicas y denuncias contra exautoridades cercanas a Evo Morales.

El fiscal de distrito de La Paz, William Alave, informó de que se solicitó a la Cancillería información sobre los procesos de solicitud de asilo de Nicolás Laguna, exdirector de Agetic, y de Sergio Daniel Martínez, quien fue oficial de seguridad de información del OEP mientras duró el proceso electoral. La autoridad señaló que se debe investigar el nexo de ambas entidades y para eso se necesita las declaraciones de ambos exfuncionarios, quienes cuentan con mandamiento de aprehensión.

“Hemos remitido una comunicación oficial a la Cancillería haciéndoles conocer que dentro del proceso de investigación y porque son parte de un proceso penal dentro del tema del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de seguridad informática del OEP y el director de Agetic tienen mandamiento de aprehensión, por lo que se debe comunicar a las embajadas que estas personas son objeto de investigación”, remarcó el fiscal Alave.

Tanto Laguna como Martínez se encuentran en la embajada de México a la espera de su solicitud de asilo político. La canciller Karen Longaric aseguró que no se entregó salvoconductos diplomáticos a estas personas y que solamente se aplicó estas medidas a cinco familiares del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Laguna y su función

Laguna es investigado por el delito de presunto fraude electoral que se cometió en octubre pasado. El acusado se desempeñaba como director de Agetic, institución descentralizada que dependía del Ministerio de la Presidencia. Esta entidad tenía coordinación estrecha con el Servicio de Registro Cívico (Sereci). 

En abril de esta gestión se aprobó un proyecto normativo que modificó la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Ese cambio sirvió para permitir que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) otorgue acceso a datos personales al Sereci y a Agetic. Esa iniciativa legislativa fue reprochada por la entonces oposición política, ya que se daba poder a Agetic para acceder al padrón electoral y datos personales de los ciudadanos.

Ayer, la fiscalía de La Paz allanó una de las oficinas de Agetic. En ese espacio, que es parte de una de las estaciones de la empresa Mi Teleférico, se incautó equipos y documentación, pero además se aprehendió a dos funcionarios que trabajan en el área de tecnologías y redes sociales de Agetic.

“Durante la madrugada y la mañana de hoy (ayer) se allanaron oficinas públicas en el marco de la investigación del caso de fraude electoral. Se allanó una oficina de Agetic, que funcionaba en una de las estaciones del teleférico celeste”, destacó Alave.

Un día después de que Jeanine Áñez asumiera como presidenta de transición de Bolivia, funcionarios de Agetic intentaron sacar documentación de la oficina central de esta instancia, según explicó la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.

Por ahora, Agetic no está funcionando y se investiga el nexo que tuvo con personal del TSE en el supuesto fraude de las elecciones del 20 de octubre. Entre las atribuciones que tenía esta entidad estaba la implementación de políticas, planes y estrategias de gobierno electrónico y de tecnologías de la información y la comunicación para las entidades del Estado.

Allanamientos en La Paz

En el mismo caso, pero en otras oficinas, la Fiscalía allanó ayer uno de los espacios que tiene el ministerio de Justicia en La Paz. Este proceso se dio tras la denuncia de personal anónimo de esta instancia que culpó al exministro de Justicia Héctor Arce, de obligarlos a realizar el supuesto fraude electoral días después de los comicios.

Según la carta de los funcionarios del Ministerio de Justicia, Arce les obligó a “manipular” las actas de escrutinio de las elecciones. “Pasadas las elecciones del 20 de octubre de 2019, y días antes de ser iniciada la auditoría por parte de la OEA, en el mismo piso 3 del edificio Capitán Ravelo se procedió al manipuleo e impresión de las actas electorales, actividad realizada durante horas de la noche hasta la madrugada por un grupo de funcionarios obligados, que posteriormente fueron premiados con el día libre posterior al hecho”, dice parte de la denuncia de los servidores.

El exministro Arce, que espera salvoconducto para irse asilado a México, sostiene que la labor simplemente fue una “verificación” en el marco de las políticas y funciones del Viceministerio de Transparencia. 

“Esta verificación, que la puede hacer cualquier persona, se la realizó semanas después de la elección y cuando se conocían oficialmente los resultados electorales definitivos. De esta manera se verificó, entre otros datos, que Comunidad Ciudadana (CC) tuvo representantes en más del 92% de las mesas y suscribió las respectivas actas sin presentar observaciones”, detalló la exautoridad a través de sus cuentas en redes sociales.

Sobre el tema, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, afirmó que tras conocer la denuncia de los funcionarios se inició una investigación interna en esa repartición del Estado con el fin de encontrar más elementos que ayuden a esclarecer el supuesto fraude electoral en los comicios pasados.

“Se va a realizar una investigación interna, pero eso no significa que despediremos personal. 

No habrá masacre blanca y tampoco nos dejamos llevar por chisme”, afirmó la autoridad estatal al explicar que el comunicado que emitieron los funcionarios del Ministerio de Justicia no lleva la firma de ningún empleado estatal.

De encontrar algún elemento, dijo que se anexará a la denuncia por delitos electorales que ya cursa en el Ministerio Público y por el que están con detención preventiva los exvocales del TSE María Eugenia Choque, Antonio Costas, Édgar Gonzales y Lucy Cruz.

El viceministro Melgar también cuestionó las declaraciones que hizo Arce y anunció que verificará si la revisión de actas electorales es tarea de funcionarios del Viceministerio de Transparencia.

“Veremos si la revisión a la que hace referencia el exministro Héctor Arce está dentro del marco de los derechos de cada agrupación política (…) Si no es así, vamos a proceder a una investigación (…) La revisión de actas de escrutinio es una tarea única y exclusiva del Órgano Electoral”, acotó el viceministro”, acotó ayer Melgar.

En Cochabamba, el fiscal de distrito de esa región, Juan de la Cruz Vargas, informó ayer de que aprehendieron al secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Ever Cordero, en el marco de una investigación iniciada por el presunto fraude electoral registrado en las elecciones generales del 20 de octubre.

“Se ha procedido a la aprehensión del secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental y en horas de la tarde va a ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional competente a los efectos de que se proceda a la audiencia de medidas cautelares”, informó De la Cruz.

Reacciones políticas

Mientras, el ex candidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, insistió en que el supuesto fraude electoral fue ejecutado por altos funcionarios de Evo Morales con complicidad de los vocales electorales. 

“El fraude electoral, propiciado por el MAS, alcanzó niveles indignantes. Un ministro que obliga a alterar actas, un senador trasladando el cómputo, un alcalde manipulando el padrón. El castigo debe alcanzar a todos los que fueron parte de este plan”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.

Y en esa pelea política por este tema, el expresidente Evo Morales también usó su cuenta de Twitter para reprochar la intervención militar en las instalaciones del ente electoral. “Las FFAA han intervenido el Tribunal Supremo Electoral, el mismo es un ente independiente que ahora está siendo violentado. Esta acción demuestra que nuestra #Bolivia hoy vive una dictadura” (Sic), escribió el exmandatario desde México.

Con arresto domiciliario

En el marco de las investigaciones por el supuesto frade electoral, al menos 15 exvocales electorales como los de Beni, Pando y Tarija se benefiaron con medidas sustitutivas y guardan detención domiciliarias. Dichas exautoridades estan prohibidas de concurrir a determinados lugares, prohibición de comunicarse con determinadas personas y prohibición de salir del país, entre otras medidas.

Otro que se benefició con medidas sustitivas fue el exjefe de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación (Dntic) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Windsor Saire, acusado por presuntos delitos electorales por su presunta responsabilidad en el fraude electoral en los comicios de octubre.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Saire habría sido el funcionario que ordenó de manera escrita parar el conteo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el 20 de octubre, y también cortó el flujo de internet en las oficinas donde se realizaba el conteo. El Ministerio Público y la Policía aún buscan a los exvocales Martín Montaño Parada, Delfín Álvarez Fernández y Hugo Raúl Montero Lara.